PP pide beneficios fiscales y sociales para empresas con menor siniestralidad

El secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Angel Arias Cañete, propuso hoy que las empresas con menor siniestralidad y bajas laborales se beneficien con reducciones e incentivos fiscales, así como en sus cotizaciones sociales.

Esta es una de las propuestas que forma parte del 'Plan Estratégico para la Competitividad de la Economía Española' presentado por el PP en el último día de la Conferencia Nacional de Economía y Política Social.

Entre las medidas propuestas para reducir la inflación destaca el establecer objetivos presupuestarios 'más ambiciosos', al entender que con un crecimiento de la economía superior al tres por ciento, las Administraciones Públicas deben alcanzar un superávit en torno al tres por ciento del PIB.

También pide consensuar un 'gran' pacto nacional en materia de vivienda, que garantice una mayor oferta de suelo, una reducción de los costes y plazos para construir nuevas viviendas, y sobre todo, que cree incentivos para aumentar la oferta de suelo.

Además, propone disminuir la dependencia energética para quitar trascendencia a los precios de sectores esenciales como energía o transporte del precio del petróleo.

Para recuperar la competitividad de la economía española y reducir el 'enorme' déficit exterior, pide la reducción en diez puntos del actual Impuesto sobre Sociedades, manteniendo las actuales desgravaciones, en especial la de I+D+i, la de reinversión y la de internacionalización.

El PP considera que, siguiendo estas directrices, la imposición empresarial española se situará entre las cinco más competitivas de la OCDE.

En este sentido, propone crear la figura de la 'joven empresa innovadora', con incentivos a las nuevas empresas que realizan un 'especial' esfuerzo en labores del I+D.

Asimismo, el PP destaca que la generalización de los contratos indefinidos requiere una reforma 'consensuada y en profundidad' del marco jurídico laboral.

También propone la creación de un Consejo Interterritorial para la Unidad de Mercado, compuesto por el Estado y las comunidades autónomas, que proponga normas de armonización y reconocimiento mutuo de legislaciones, que, entre otras cosas, solucione rápidamente los conflictos.

Además, pide la convocatoria del Pacto de Toledo para elaborar un análisis de la viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo, teniendo en cuenta la inmigración y el envejecimiento de la población.

Para fomentar el ahorro, reducir el endeudamiento y mejorar el poder adquisitivo, pide establecer una desgravación general del 15 por ciento a toda forma de ahorro a largo plazo, y no sólo para vivienda como ocurre en la actualidad.

Asimismo, sugiere reducir el tipo mínimo del IRPF al 12 por ciento y el máximo al 40 por ciento, 'para mejorar la renta de las familias, sin que las empresas pierdan competitividad'.

Para impulsar la seguridad jurídica y la competencia, pide 'erradicar la arbitrariedad y la inseguridad jurídica' de la regulación económica, con el fin de que los órganos reguladores 'recuperen su independencia y su prestigio'.

En política energética, pide lograr tres objetivos como la garantía de suministro, la sostenibilidad medioambiental y unos precios razonables y estables.

Para modernizar el medio rural, pide poner en marcha políticas nacionales y autonómicas para reformar sus estructuras agrarias.



Fuente: http://actualidad.terra.es/nacional