El mercado laboral español ha vuelto a mostrar que destruye demasiado empleo en las recesiones. Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009, la caída de la tasa de crecimiento de la UE a 27 ha sido del 4,9% y, sin embargo, el empleo ha caído sólo un 1,9%. Por el contrario, en España el crecimiento ha caído un 4,25%, y el empleo, un 7,2%, es decir, 1,7 veces más que su crecimiento y 3,7 veces más que en la UE, a pesar de sufrir una recesión menor.
Como continuación de mi anterior artículo en estas mismas páginas (18-10-2009) en el que explicaba los problemas que padecía el mercado laboral español, en éste muestro dos propuestas de reforma laboral que están basadas en un sustrato teórico y empírico muy sólido y que conviene tenerlas muy en cuenta.
La primera es la propuesta de "reactivación laboral en España" (www.crisis09.es), llamada también "de los 100 economistas", que yo mismo he apoyado interviniendo en su presentación a los medios y que es un intento muy meritorio de conseguir una solución que pueda ser viable hoy mismo. Las cuatro medidas que propone son las siguientes:
Primera, en cuanto a la dualidad laboral, propone que, a su entrada en vigor, sólo exista un contrato laboral indefinido, cuyas indemnizaciones por despido sean crecientes por cada año de servicio, desapareciendo la maraña de los 16 contratos laborales actuales (salvo el de interinidad para sustituciones por baja temporal). Este contrato único unificaría las causas de despido, manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias. Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los ocho días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos años, y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del quinto año que debería aproximarse al de la media europea, es decir, bastante por debajo de los 45 días actuales. En todo caso, propone que no deberían superarse los costes medios actuales al diseñar su escalado anual. Esta propuesta permitiría reducir la dualidad laboral, aumentar la productividad, reducir el desempleo en las recesiones y servir de base del nuevo modelo productivo.
Segunda, en cuanto a la protección por desempleo, propone, a corto plazo, seguir aumentando transitoriamente el gasto en prestaciones, alargando su duración hasta que la situación económica mejore, siempre que los recursos presupuestarios lo permitan. A medio plazo, propone aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si queda parado o si necesita formación y, además, puede acumular lo que quede en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y aumentarlas a las que suelan despedir más.
Tercera, en cuanto a la negociación colectiva, propone modernizarla, ya que la estructura actual de los convenios colectivos sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a sus necesidades productivas y frenando su productividad. Para ello propone cambiar su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior, permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.
Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor cualificación, que son los que padecen periodos más largos de desempleo, para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o de inserción tenga en cuenta la situación particular determinada de cada trabajador parado y poder generarle incentivos y oportunidades para conseguir que salga del paro. Asimismo, propone una evaluación de todas estas actividades para ayudar a mejorar su diseño y su gestión, asignando más recursos a los programas, agencias y empleados públicos que muestren mejores resultados.
Finalmente, propone ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas en su provisión y gestión, dando así mayores oportunidades de elección a los trabajadores.
La segunda propuesta es la del servicio de estudios económicos del BBVA: "Tres reformas estructurales para el mercado laboral español" (situación España, marzo 2009), que es similar pero complementaria de la anterior y que propone las tres medidas siguientes:
Primera, respecto a la dualidad del mercado laboral, opta también por una solución mixta: por un lado, aplicar el modelo austriaco de un seguro de despido individual, pagado con las cotizaciones sociales, que tiene la ventaja de que puede llevarlo consigo a otra empresa, facilitando la movilidad y, si no es despedido, puede revertirle en forma de capital al jubilarse, pero el inconveniente de que puede estimular los despidos, ya que, al ser un seguro, el coste marginal de despedir un trabajador es cero, con lo que propone penalizar a las empresas que más despidan elevando sus cotizaciones. Este seguro sería financiado por un 1,8% del salario bruto anual, gestionado por la Seguridad Social. Por otro, introducir un solo contrato indefinido cuyos costes de despido sean, por ejemplo, de 8, 12, 16 y 20 días por año trabajado en los cuatro primeros años y de 20 días a partir del cuarto año.
Segunda, respecto a la negociación colectiva, aconseja una fuerte descentralización. Por un lado, suprimiendo la eficacia general automática de los convenios de ámbito superior al de empresa y dejando que sea voluntaria; limitando la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad; generalizando las cláusulas de descuelgue, eliminando las cláusulas de salvaguardia o haciéndolas simétricas, o directamente indiciando el salario a la productividad por ocupado en cada empresa. Por otro, manteniendo los niveles de negociación colectiva actuales, pero cada uno con su especialización. Los estatales, negociando sólo aspectos generales como modalidades de contratación, fiscalidad, régimen disciplinario o formación continua. Los de rama, negociando lo que afecte al conjunto del sector, como seguridad e higiene. Y los de empresa, negociando la duración de la jornada, la movilidad funcional y geográfica y los costes salariales que afecten a la competitividad y eficiencia de cada empresa.
Tercera, respecto a la carga tributaria sobre el empleo, propone reducir permanentemente las cotizaciones a cargo de las empresas o autónomos, financiándolas con un ascenso del IVA, para así poder aumentar el nivel de empleo estructural, robustecer la capacidad de financiación de la economía, mejorar la capacidad de ajuste del mercado ante la recesión y el desequilibro exterior y mejorar la competitividad de las empresas, ya que equivale a una reducción de sus costes laborales. Calcula que una reducción de 3,5 puntos de las cotizaciones sociales compensada con una subida del IVA de 2 puntos porcentuales aumentaría el empleo a tiempo completo en un 1,4% y un 0,55% el PIB, en el primer año, y un porcentaje similar o superior en los siguientes.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/propuestas/reforma/laboral/elpe pueconeg/20091122elpneglse_4/Tes
domingo 22 de noviembre de 2009
El crédito que no llega
Los 105 trabajadores de Alogarsa todavía no han cobrado la nómina de este mes. Sus propietarios no disponen de liquidez para pagar los salarios a pesar de los beneficios de la compañía, de que la buena marcha del negocio hizo que en el último año aumentara la plantilla en 35 personas y de que las subvenciones que recibe de la Junta de Castilla-La Mancha por emplear a discapacitados nunca han fallado. Todos estos factores no han impedido que la tesorería de esta empresa toledana esté temblando a causa de la negativa a renovar las líneas de crédito por parte de bancos y cajas. Justo las mismas entidades que hasta hace un par de años no ponían ningún problema para dar financiación a raudales.
"Hemos recibido una subvención cercana a los 400.000 euros. Con este dinero deberíamos haber pagado nóminas y haber sufragado unas inversiones en las que nos habíamos metido. Antes, cuando nos concedían una ayuda oficial, bastaba con que mostráramos al banco el documento que lo acreditaba para que nos hiciera un descuento, pero ahora se niegan en redondo". Lo cuenta Fernando Alonso-Rodríguez, dueño de este centro especial de empleo en el que el 97% de los trabajadores tienen una discapacidad. Las palabras de Alonso-Rodríguez se ajustan como un guante al discurso que llevan meses desplegando los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, sobre una banca que les ahoga hasta convertir en irrespirables estos días de crisis.
Cada día, 500 autónomos españoles pierden su trabajo. Cada semana, unas 4.000 pequeñas empresas echan la persiana. Al menos eso es lo que dicen las asociaciones de autónomos. Y apuntan directamente a las entidades financieras como principales culpables, por cerrar el grifo del crédito. "Hemos pasado de ser el mejor cliente para bancos y cajas de ahorros a convertirnos en un problema que no saben cómo quitarse de encima. Los autónomos pedimos de media entre 30.000 y 40.000 euros en líneas de crédito a corto o medio plazo. Ahora no se renuevan y eso genera nóminas sin pagar y una cadena interminable de morosidad", comenta Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
No es que a todos se les deniegue el crédito, sino que se les limita la financiación al aplicar una receta de tres ingredientes: encarecer los préstamos, recortar su importe y aumentar las garantías. Éstas son las principales quejas de quienes acuden a las ventanillas de bancos y cajas a por dinero. Y son ciertas, al menos en parte. Lo reconocen los portavoces de las propias entidades. "El riesgo de impago es mayor y lo prudente es cobrar más esa prima para hacer frente a la posible morosidad", comenta un alto ejecutivo bancario.
Las entidades se refugian -quizá para evitar cargar con todas las culpas- en las indicaciones del Banco de España. El supervisor les exige extremar la prudencia, es decir, dar dinero sólo a los proyectos viables y a quienes lo pueden devolver. Lo que no dicen es por qué bancos y cajas no hicieron caso a las continuas peticiones de los últimos gobernadores del Banco de España, que desde 2004 advertían del riesgo que suponía dar créditos por más del 100% del valor de un piso a precios mínimos.
Precisamente ése es el pasado que ha propiciado la crisis presente. Ahora ha llegado la sobrerreacción. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), comenta que los tipos de interés de los créditos han pasado del 7% al 10% en los últimos meses. Las estadísticas del Banco de España no reflejan una subida tan fuerte, pero sí indican que los tipos de los préstamos están en niveles altos. A la vez, se están estrechando los márgenes del negocio de los empresarios, lo que complica extremadamente la situación. Más costes financieros y menos ingresos. Mala ecuación.
Una buena muestra del descontento empresarial es la encuesta mensual sobre financiación que elabora el Consejo de Cámaras de Comercio desde el pasado enero. Este informe arroja una aplastante mayoría de pymes molestas con sus prestamistas. El 84% de las consultadas, lo que supone más de 1,1 millones de negocios, declaró haber tenido problemas para acceder a financiación externa en septiembre. El pico del descontento se tocó en abril, cuando este porcentaje llegó al 89%. De los que declaraban tener problemas, el 13% -es decir, 128.000 establecimientos- se quedó sin ningún tipo de financiación.
Pero las empresas no se quejan sólo de que el flujo de dinero haya caído. Cuatro de cada diez notan cómo se ha ido dilatando el plazo que tenían las entidades financieras para responder a sus peticiones y dos de cada tres considera que se ha encarecido el coste de la financiación. El mismo porcentaje afirma que han aumentado las exigencias de garantías y avales por parte de bancos y cajas.
"Lo más sangrante es que la mayor parte de estas peticiones tratan de financiar circulante, es decir, que buscan fondos para mantener el día a día de la empresa, no para grandes inversiones nuevas", dice Raúl Mínguez, analista de las Cámaras de Comercio. "Ese 13% que no consigue la financiación externa tiene que recurrir a otras fuentes, como el ICO, las sociedades de garantía recíproca o, en muchos casos, los socios acaban teniendo que aportar más capital", explica. Éste es el caso de Benjamín Martín, que ha tenido que aportar 180.000 euros de su patrimonio para salvar la asfixia financiera que sufrían sus dos empresas situadas en el municipio madrileño de Humanes, una dedicada a la venta de material eléctrico y la otra, a las instalaciones eléctricas y la climatización. "Entre Humelec y Promonel facturamos 1.700 millones de pesetas [casi 10 millones de euros]. Y hablo en pesetas porque con el euro no me aclaro, y además estoy en contra de esa moneda", comenta entre risas.
"Por ahora no hemos tenido que devolver ni una letra a un proveedor, ni se ha retenido el pago de una nómina, pero sólo gracias a que he puesto dinero de mi bolsillo. Quince días antes de que venciera una línea de crédito nos llamaban del banco para decir que nos la bajaban un 25% o un 30%. Y no podíamos hacer nada. Para poder trabajar, los bancos piden garantías que triplican el valor de lo que te prestan, suben los intereses y te generan una situación de frustración tremenda", se queja Martín, que lleva casi 30 años al frente del negocio. "Aunque es un consuelo ver que en los últimos meses los bancos se han calmado un poquito", añade.
"Los directores de sucursales no tienen ahora el más mínimo poder. Antes podían decidir sobre operaciones de hasta 100.000 euros aproximadamente, pero ahora todo lo manejan los gestores de riesgos de las centrales. Los trámites que antes se hacían en tres o cuatro días a través del director de la sucursal se alargan hasta un mínimo de mes y medio, y esto no hay nadie que lo resista", comenta Alonso-Rodríguez, el dueño de Alogarsa, la compañía que emplea a discapacitados preparando cestas de Navidad o las bolsitas de comida que se reparten en los aviones de Iberia.
La pérdida del factor humano en la evaluación del riesgo se debe a que en el último año las entidades han afinado al máximo las máquinas que prejuzgan si se puede dar un crédito a un cliente. En el sector se denomina scoring de riesgo. Son implacables, como demuestra el caso de José María Ferrero, empresario yesista en León. El Santander le había preconcedido un préstamo por 16.000 euros, pero mientras realizaba los trámites tuvo un descubierto de 84 euros porque le pasaron al cobro unos seguros con los que no contaba. Saltaron las alarmas en la máquina de scoring y fue imposible conseguir el crédito, pese a que era cliente desde hace tiempo de esta entidad.
Aquellos 84 euros le convirtieron en un potencial moroso. El Santander exigió el aval de una persona empleada fija. "Por desgracia, nadie de mi familia cumple ese requisito ahora porque tienen trabajos temporales", comenta Ferrero. Peregrinó por Caja España ("sólo daban créditos a los clientes de toda la vida"), por Caja Madrid ("mi declaración de la renta era demasiado baja") y por otras entidades hasta que se le ha abierto el cielo con La Caixa, que estudia concederle el préstamo.
Lo que le ha ocurrido a Ferrero sucede en otras entidades, que también recortan el importe de los créditos y acortan los plazos. En el fondo, la estrategia es la misma: aminorar el riesgo. Pero quizá el mayor problema está en la elevación de garantías y avales, que es una barrera casi insalvable para pequeños empresarios. "El drama de muchos autónomos es que han garantizado créditos con su vivienda y si dejan de pagar, pueden perder el negocio y su casa", apuntan desde la ATA.
Pero no son sólo los empresarios. Hace meses que sobre los tradicionalmente intocables banqueros llueven las críticas. Al carro se han apuntado, de una manera más o menos velada, los políticos, que achacan a la banca su falta de compromiso para reanimar una economía en estado de coma. "También pienso pedir, con toda mi fuerza y mi convicción, el apoyo a los bancos, a los que he respaldado como todos los gobiernos para su estabilidad. Éste no es el momento de grandes beneficios, éste es el momento de apoyar el crédito y la financiación de las empresas y de las familias en nuestro país", clamó el presidente del Gobierno en un mitin en Lugo ante 5.000 personas el pasado mes de febrero. Al día siguiente, ya alejado de las multitudes y de los militantes, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró el mismo mensaje a los mandamases de las finanzas españolas.
Sin embargo, la situación no ha mejorado, como reconoció el viernes pasado el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Javier Vallés, quien admitió que la restricción crediticia en España es "todavía muy severa" y defendió que el Gobierno ha trabajado para canalizar crédito a empresas y familias solventes. Subrayó que es un objetivo "muy ambicioso", entre otras razones por la fuerte necesidad de desapalancamiento y reestructuración que han de llevar a cabo alguno
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/credito/llega/elpepueconeg/2009 1122elpneglse_2/Tes
"Hemos recibido una subvención cercana a los 400.000 euros. Con este dinero deberíamos haber pagado nóminas y haber sufragado unas inversiones en las que nos habíamos metido. Antes, cuando nos concedían una ayuda oficial, bastaba con que mostráramos al banco el documento que lo acreditaba para que nos hiciera un descuento, pero ahora se niegan en redondo". Lo cuenta Fernando Alonso-Rodríguez, dueño de este centro especial de empleo en el que el 97% de los trabajadores tienen una discapacidad. Las palabras de Alonso-Rodríguez se ajustan como un guante al discurso que llevan meses desplegando los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, sobre una banca que les ahoga hasta convertir en irrespirables estos días de crisis.
Cada día, 500 autónomos españoles pierden su trabajo. Cada semana, unas 4.000 pequeñas empresas echan la persiana. Al menos eso es lo que dicen las asociaciones de autónomos. Y apuntan directamente a las entidades financieras como principales culpables, por cerrar el grifo del crédito. "Hemos pasado de ser el mejor cliente para bancos y cajas de ahorros a convertirnos en un problema que no saben cómo quitarse de encima. Los autónomos pedimos de media entre 30.000 y 40.000 euros en líneas de crédito a corto o medio plazo. Ahora no se renuevan y eso genera nóminas sin pagar y una cadena interminable de morosidad", comenta Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
No es que a todos se les deniegue el crédito, sino que se les limita la financiación al aplicar una receta de tres ingredientes: encarecer los préstamos, recortar su importe y aumentar las garantías. Éstas son las principales quejas de quienes acuden a las ventanillas de bancos y cajas a por dinero. Y son ciertas, al menos en parte. Lo reconocen los portavoces de las propias entidades. "El riesgo de impago es mayor y lo prudente es cobrar más esa prima para hacer frente a la posible morosidad", comenta un alto ejecutivo bancario.
Las entidades se refugian -quizá para evitar cargar con todas las culpas- en las indicaciones del Banco de España. El supervisor les exige extremar la prudencia, es decir, dar dinero sólo a los proyectos viables y a quienes lo pueden devolver. Lo que no dicen es por qué bancos y cajas no hicieron caso a las continuas peticiones de los últimos gobernadores del Banco de España, que desde 2004 advertían del riesgo que suponía dar créditos por más del 100% del valor de un piso a precios mínimos.
Precisamente ése es el pasado que ha propiciado la crisis presente. Ahora ha llegado la sobrerreacción. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), comenta que los tipos de interés de los créditos han pasado del 7% al 10% en los últimos meses. Las estadísticas del Banco de España no reflejan una subida tan fuerte, pero sí indican que los tipos de los préstamos están en niveles altos. A la vez, se están estrechando los márgenes del negocio de los empresarios, lo que complica extremadamente la situación. Más costes financieros y menos ingresos. Mala ecuación.
Una buena muestra del descontento empresarial es la encuesta mensual sobre financiación que elabora el Consejo de Cámaras de Comercio desde el pasado enero. Este informe arroja una aplastante mayoría de pymes molestas con sus prestamistas. El 84% de las consultadas, lo que supone más de 1,1 millones de negocios, declaró haber tenido problemas para acceder a financiación externa en septiembre. El pico del descontento se tocó en abril, cuando este porcentaje llegó al 89%. De los que declaraban tener problemas, el 13% -es decir, 128.000 establecimientos- se quedó sin ningún tipo de financiación.
Pero las empresas no se quejan sólo de que el flujo de dinero haya caído. Cuatro de cada diez notan cómo se ha ido dilatando el plazo que tenían las entidades financieras para responder a sus peticiones y dos de cada tres considera que se ha encarecido el coste de la financiación. El mismo porcentaje afirma que han aumentado las exigencias de garantías y avales por parte de bancos y cajas.
"Lo más sangrante es que la mayor parte de estas peticiones tratan de financiar circulante, es decir, que buscan fondos para mantener el día a día de la empresa, no para grandes inversiones nuevas", dice Raúl Mínguez, analista de las Cámaras de Comercio. "Ese 13% que no consigue la financiación externa tiene que recurrir a otras fuentes, como el ICO, las sociedades de garantía recíproca o, en muchos casos, los socios acaban teniendo que aportar más capital", explica. Éste es el caso de Benjamín Martín, que ha tenido que aportar 180.000 euros de su patrimonio para salvar la asfixia financiera que sufrían sus dos empresas situadas en el municipio madrileño de Humanes, una dedicada a la venta de material eléctrico y la otra, a las instalaciones eléctricas y la climatización. "Entre Humelec y Promonel facturamos 1.700 millones de pesetas [casi 10 millones de euros]. Y hablo en pesetas porque con el euro no me aclaro, y además estoy en contra de esa moneda", comenta entre risas.
"Por ahora no hemos tenido que devolver ni una letra a un proveedor, ni se ha retenido el pago de una nómina, pero sólo gracias a que he puesto dinero de mi bolsillo. Quince días antes de que venciera una línea de crédito nos llamaban del banco para decir que nos la bajaban un 25% o un 30%. Y no podíamos hacer nada. Para poder trabajar, los bancos piden garantías que triplican el valor de lo que te prestan, suben los intereses y te generan una situación de frustración tremenda", se queja Martín, que lleva casi 30 años al frente del negocio. "Aunque es un consuelo ver que en los últimos meses los bancos se han calmado un poquito", añade.
"Los directores de sucursales no tienen ahora el más mínimo poder. Antes podían decidir sobre operaciones de hasta 100.000 euros aproximadamente, pero ahora todo lo manejan los gestores de riesgos de las centrales. Los trámites que antes se hacían en tres o cuatro días a través del director de la sucursal se alargan hasta un mínimo de mes y medio, y esto no hay nadie que lo resista", comenta Alonso-Rodríguez, el dueño de Alogarsa, la compañía que emplea a discapacitados preparando cestas de Navidad o las bolsitas de comida que se reparten en los aviones de Iberia.
La pérdida del factor humano en la evaluación del riesgo se debe a que en el último año las entidades han afinado al máximo las máquinas que prejuzgan si se puede dar un crédito a un cliente. En el sector se denomina scoring de riesgo. Son implacables, como demuestra el caso de José María Ferrero, empresario yesista en León. El Santander le había preconcedido un préstamo por 16.000 euros, pero mientras realizaba los trámites tuvo un descubierto de 84 euros porque le pasaron al cobro unos seguros con los que no contaba. Saltaron las alarmas en la máquina de scoring y fue imposible conseguir el crédito, pese a que era cliente desde hace tiempo de esta entidad.
Aquellos 84 euros le convirtieron en un potencial moroso. El Santander exigió el aval de una persona empleada fija. "Por desgracia, nadie de mi familia cumple ese requisito ahora porque tienen trabajos temporales", comenta Ferrero. Peregrinó por Caja España ("sólo daban créditos a los clientes de toda la vida"), por Caja Madrid ("mi declaración de la renta era demasiado baja") y por otras entidades hasta que se le ha abierto el cielo con La Caixa, que estudia concederle el préstamo.
Lo que le ha ocurrido a Ferrero sucede en otras entidades, que también recortan el importe de los créditos y acortan los plazos. En el fondo, la estrategia es la misma: aminorar el riesgo. Pero quizá el mayor problema está en la elevación de garantías y avales, que es una barrera casi insalvable para pequeños empresarios. "El drama de muchos autónomos es que han garantizado créditos con su vivienda y si dejan de pagar, pueden perder el negocio y su casa", apuntan desde la ATA.
Pero no son sólo los empresarios. Hace meses que sobre los tradicionalmente intocables banqueros llueven las críticas. Al carro se han apuntado, de una manera más o menos velada, los políticos, que achacan a la banca su falta de compromiso para reanimar una economía en estado de coma. "También pienso pedir, con toda mi fuerza y mi convicción, el apoyo a los bancos, a los que he respaldado como todos los gobiernos para su estabilidad. Éste no es el momento de grandes beneficios, éste es el momento de apoyar el crédito y la financiación de las empresas y de las familias en nuestro país", clamó el presidente del Gobierno en un mitin en Lugo ante 5.000 personas el pasado mes de febrero. Al día siguiente, ya alejado de las multitudes y de los militantes, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró el mismo mensaje a los mandamases de las finanzas españolas.
Sin embargo, la situación no ha mejorado, como reconoció el viernes pasado el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Javier Vallés, quien admitió que la restricción crediticia en España es "todavía muy severa" y defendió que el Gobierno ha trabajado para canalizar crédito a empresas y familias solventes. Subrayó que es un objetivo "muy ambicioso", entre otras razones por la fuerte necesidad de desapalancamiento y reestructuración que han de llevar a cabo alguno
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/credito/llega/elpepueconeg/2009 1122elpneglse_2/Tes
domingo 15 de noviembre de 2009
En diciembre y enero se destruirán 250.000 empleos
Un estudio prevé que en el cuarto trimestre del año se destruyan 190.000 empleos, lo que llevará la tasa de paro hasta el 19%, incluso aunque vuelva a reducirse la población activa.
La destrucción de empleo en España volverá a agravarse entre diciembre y enero, meses en los que la cifra de ocupados se reducirá en cerca de 250.000 personas, según un estudio elaborado por la patronal de las grandes empresas de trabajo temporal Agett y Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Agett y AFI advierten de que a finales de año se iniciará "una nueva fase de deterioro en el mercado de trabajo, condicionada por una estacionalidad menos favorable y por el paulatino agotamiento de las medidas del Plan E".
El informe estima que el año se cerrará con poco más de 18,5 millones de ocupados, lo que supone 1,1 millón de empleos menos que hace un año y casi dos millones por debajo del pico de septiembre de 2007.
También advierte de que la tasa de probabilidad de permanencia en el desempleo, es decir, de no encontrar un trabajo, aumentó en el tercer trimestre en casi 12 puntos porcentuales, pasando de un 49,3% en 2008 a un 61,1% en el ejercicio actual.
Publicado en: http://www.expansion.com/2009/11/15/economia-politica/1258304378.html
La destrucción de empleo en España volverá a agravarse entre diciembre y enero, meses en los que la cifra de ocupados se reducirá en cerca de 250.000 personas, según un estudio elaborado por la patronal de las grandes empresas de trabajo temporal Agett y Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Agett y AFI advierten de que a finales de año se iniciará "una nueva fase de deterioro en el mercado de trabajo, condicionada por una estacionalidad menos favorable y por el paulatino agotamiento de las medidas del Plan E".
El informe estima que el año se cerrará con poco más de 18,5 millones de ocupados, lo que supone 1,1 millón de empleos menos que hace un año y casi dos millones por debajo del pico de septiembre de 2007.
También advierte de que la tasa de probabilidad de permanencia en el desempleo, es decir, de no encontrar un trabajo, aumentó en el tercer trimestre en casi 12 puntos porcentuales, pasando de un 49,3% en 2008 a un 61,1% en el ejercicio actual.
Publicado en: http://www.expansion.com/2009/11/15/economia-politica/1258304378.html
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