Cuatro millones de parados. El trabajo escasea. Y si es seguro, más todavía. Por eso no es de extrañar que aumente el número de jóvenes que quieren ser funcionarios de mayores. Pero, ¿saben realmente estos jóvenes, sabemos todos, el coste que tiene para cada españolito sostener la Administración? La EAE Business School lo ha cuantificado: casi 10.000 euros anuales. No sólo eso, ¿sabemos todos que el coste por empleado público supera en cerca de un 23% de media al del empleado privado? Y lo que es peor, que cuanto más abundante es el funcionariado en una población, menos riqueza genera ésta y menor nivel de vida tienen sus habitantes (ver cuadro adjunto).
Las cifras que maneja el centro de estudios de la Escuela de Administración de Empresas son concluyentes: el número de funcionarios ha crecido un 32% en España entre 2000 y 2008, mientras que en los 27 países de la Unión Europea ha disminuido un 1,4%. Y la masa salarial de los empleados públicos por habitante ha aumentado casi un 60% en nuestro país en esos ocho años, prácticamente el doble que en la UE, tal y como refleja el estudio elaborado a partir de los datos de Eurostat.
"El coste del empleo público en España es insostenible. Estamos en una situación económica que obliga a repensar el modelo. La sociedad debería forzar a las Administraciones a que acometiesen cambios lo antes posible", señala el profesor de Recursos Humanos de ESADE, Francisco Longo.
En esta línea, Elena Pisonero, socia responsable de infraestructuras, gobierno y sanidad de KPMG, afirma: "El empleo público está claramente sobredimensionado. Ha llegado el momento de revisar todas las partidas presupuestarias y decidir lo que nos podemos permitir. Por lo pronto, hace falta tomar medidas urgentes para controlar la eficiencia de la función pública a fin de que no se disparen los gastos e introducir mecanismos de colaboración público-privada para reconducir la situación".
Ése sería el primer paso, porque lo que hay que hacer es redimensionar la Administración, distribuir mejor el empleo, tal y como declara Mario V. González, autor del informe de la EAE, que coincide con Pisonero y Longo. Es decir, plantear una reforma estructural para que el gasto sea sostenible y no vulnerable a las crisis, como se ha demostrado ahora en la mayoría de los países.
Es un debate muy necesario que ya se está planteando en Reino Unido y Alemania, según la socia de KPMG. Porque, a su juicio, se pueden hacer esfuerzos de austeridad en el gasto público, pero llega un momento, con el déficit actual, en el que este esfuerzo no da para más. "Tenemos que dimensionar la estructura de gastos a los ingresos que percibimos para que sean sostenibles en el tiempo. Y hemos de hacerlo en los próximos dos o tres años", agrega.
La secretaria de Estado para la Función Pública del ministerio de la Presidencia, Carmen Gomis, señala que se está avanzando en este camino. De hecho, el pasado septiembre, el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos para impulsar la reforma de las Administraciones públicas. Un acuerdo en el que se dedica un apartado específico a la reorganización del empleo público y al redimensionamiento de las plantillas existentes, indica. Gomis no tiene claro si esta racionalización llevará a una reducción del número de funcionarios o no -sí en el caso de los que desempeñan labores burocráticas-, aunque está convencida de que servirá para mejorar los servicios que prestan las Administraciones y, por tanto, su eficacia.
"En los últimos años se ha incrementado mucho el empleo del sector público y también los servicios que ofrece al ciudadano, de lo que estoy muy contenta", dice. Y reconoce tanto que aún queda mucho por avanzar como que los pasos ya dados han proporcionado grandes mejoras. Cita entre ellas la gestión de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y descaca el hecho de que "cualquier persona que se jubila tarda tres días en cobrar su pensión".
Los datos que maneja la Secretaría de Estado sitúan el crecimiento de la plantilla pública en el 17,5% entre 2001 y 2009 y su aumento salarial en los últimos cinco años, por encima del 20%.
En España, el pago de las nóminas de los empleados públicos se lleva de media el 20% del presupuesto que maneja la Administración, porcentaje que se eleva al 30% en el caso de las comunidades autónomas, que son precisamente las que han disparado la masa salarial de los funcionarios, según la EAE. Entre 2000 y 2008, el crecimiento ha sido récord; de hecho, excede en casi cuatro veces el de la media europea, añade.
Para Longo, se trata de un empleo poco productivo y altamente pagado. No es como en el caso holandés, en el que los funcionarios son pocos y muy bien remunerados porque son técnicos muy cualificados. "Es hacia donde deberíamos ir en España, en vez de pagar por trabajos de poco valor añadido como si fueran cualificados".
Los expertos piensan que se deben poner en marcha medidas de movilidad, "reubicar a los funcionarios, porque no tiene sentido contratar a más personal cuando te sobra en otro lado", mantiene Pisonero. Justicia, sanidad y educación pueden ser las áreas en las que se necesita reforzar la plantilla, pero existen otras muy intensivas en empleo por las que no se obtiene eficiencia, coinciden las fuentes consultadas.
Carmen Gomis indica que se ha fijado septiembre de 2010 para empezar a tramitar la Ley de la Función Pública, que desarrollará el Estatuto Básico del Empleo Público, introduciendo la evaluación por desempeño de las plantillas, las nuevas carreras administrativas, los sistemas de retribución..., "cuestiones que son muy complejas, hay que negociar y, por tanto, llevan su tiempo".
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/funcionariado/sale/c aro/elpepueconeg/20091108elpnegser_1/Tes
domingo 8 de noviembre de 2009
Los inmigrantes 'desaparecen' de las bolsas de ofertas de empleo
Hasta la llegada de la crisis, cualquier despido podía subsanarse con la colocación como dependiente o en el sector de la restauración. En tiendas y bares abundaban los carteles sobre los escaparates en los que se informaba de la necesidad de mano de obra. Los anuncios se han esfumado.
Las bolsas de empleo, como la que gestiona el sindicato CSI-F, han experimentado una profunda transformación.
«Han caído hasta casi la desparición las llamadas de inmigrantes interesándose por posibles ofertas de trabajo, que ahora son, o de comerciales por cuenta propia o de asuntos muy específicos o técnicos», señalaron fuentes del CSI-F, que aseguran que los desempleados «están pidiendo ahora más cursos de materias prácticas, como Jardinería o Electricidad y no tantos de los clásicos de Inglés o Excel, que daban una formación general, pero que no ofrecían una salida laboral por sí mismos».
Según los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio de Trabajo, el pasado mes de octubre en la Comunitat se contabilizaban 73.562 extranjeros en paro, lo que supone un incremento respecto al mismo mes de 2008 de un 69%. El desempleo nacional en la Comunitat se incrementó en ese periodo un 44%. Respecto al número de afiliados en empresas valencianas, los cotizantes de origen español han descendido en torno al 8% a lo largo del último año, una tasa que es prácticamente la mitad que la registrada entre los afiliados extranjeros en la Comunitat.
Desde principios de la década actual, la oferta de empleo de baja cualificación comenzó a cubrirse de manera habitual con personas llegadas de otros países con intención de participar en la eclosión económica que se estaba viviendo en España.
Sectores como la hostelería, la construcción o la hostelería demandaban un perfil de trabajador que los ciudadanos españoles no atendían, principalmente por los horarios y los salarios ofrecidos. «Antes, esos puestos de trabajo los cubrían los inmigrantes por exceso de oferta. Sin embargo, ahora es distinto. Sin ir más lejos, para la recogida de la naranja no habíamanera de encontrar jornaleros españoles, y ahora se contrata a gente conocida. Incluso en el sector de la construcción han desaparecido. Se busca lo nacional, entre aquellos conocidos, que son muchos los que se han quedado sin trabajo», explica un responsable de gestionar la bolsa de trabajo del CSI-F.
Las ofertas de empleo se han racionado como el pan de los pobres. «Desde que se inició la crisis, ha descendido la posibilidad de emplearse tanto en el número de ofertas como en su variedad. Los perfiles de los puestos de trabajo son distintos», señalan las mismas fuentes, que indica que, si antes era el trabajador en paro el que tenía cierta capacidad de elección, las tornas han cambiado mucho. «Nos llegan sobre todo ofertas de comerciales a los que se les exigen contratos de autónomos, lo que permite a la empresa no arriesgar. Se trata de trabajos para el cobro de morosos y la venta de seguros», explican desde el sindicato.
El descenso de los posibles trabajos va en consonancia con la caída del consumo. El ahorro impera y alcanza cuotas de incremento cercanas al 40%, y si nadie compra es difícil que se necesiten dependientes que atiendan clientes, o personas que fabriquen productos de manera masiva. Todo se hace hilando muy fino.
«A la bolsa llegan ofertas de empleo muy específicas, como son médicos especialistas para empresas o incluso profesores de guitarra. Antes se registraban más peticiones de dependientes, camareros, pero eso ya no se ve. De hecho, antes, cuando se visitaban empresas, había una serie de demandas de empleo que ahora han desaparecido», explican desde el sindicato.
Para encontrar trabajo se recurre a los círculos de amigos, a los conocidos y familiares, que son también los que sostienen a aquellos miembros de su entorno social que han quedado más desprotegidos económicamente hablando. Ese apoyo en el entorno es, precisamente, algo con lo que los inmigrantes no cuentan, al estar en situación de desarraigo.
«Una técnica que está empleando la gente que busca empleo es apuntarse a asociaciones de diverso tipo, aparte del sindicato, para conob cer a otra gente y, de paso que hace amistades, tratar de encontrar salidas laborales», señalaron desde el CSI-F.
Los cursos de formación tienen cada vez más demanda. Entre los servicios que ofrece el sindicato CSI·F está al programa de Orientación Profesional Para el Empleo y el Autoempleo, OPEA. Este servicio, que dura nueve meses y por el que pasan unos 700 usuarios, ayuda a mejorar aspectos que puedan suponerles mayores posibilidades a la hora de encontrar un trabajo.
Se imparte, por ejemplo, un taller de técnicas de entrevista para facilitar trucos y consejos a los desempleados para afrontar con éxito las temidas entrevistas de trabajo. Una de las prácticas más utilizadas en estos talleres es la del 'roleplaying' grabado en vídeo. Esto consiste en simular una entrevista que se graba en vídeo para detectar posturas incorrectas, 'muletillas' expresivas, 'tics' nerviosos. etc. «Es más fácil hacer correcciones y el aspirante puede observar sus errores», señalan desde el CSI-F, que indica que las ventajas de este método han hecho del roleplaying una práctica muy habitual en estos talleres ya que ayuda a los desempleados a controlar sus nervios y dar una imagen más sosegada.
Publicado en: http://www.lasprovincias.es/valencia/20091108/euros/inmigrantes-desaparecen -bolsas-ofertas-20091108.html
Las bolsas de empleo, como la que gestiona el sindicato CSI-F, han experimentado una profunda transformación.
«Han caído hasta casi la desparición las llamadas de inmigrantes interesándose por posibles ofertas de trabajo, que ahora son, o de comerciales por cuenta propia o de asuntos muy específicos o técnicos», señalaron fuentes del CSI-F, que aseguran que los desempleados «están pidiendo ahora más cursos de materias prácticas, como Jardinería o Electricidad y no tantos de los clásicos de Inglés o Excel, que daban una formación general, pero que no ofrecían una salida laboral por sí mismos».
Según los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio de Trabajo, el pasado mes de octubre en la Comunitat se contabilizaban 73.562 extranjeros en paro, lo que supone un incremento respecto al mismo mes de 2008 de un 69%. El desempleo nacional en la Comunitat se incrementó en ese periodo un 44%. Respecto al número de afiliados en empresas valencianas, los cotizantes de origen español han descendido en torno al 8% a lo largo del último año, una tasa que es prácticamente la mitad que la registrada entre los afiliados extranjeros en la Comunitat.
Desde principios de la década actual, la oferta de empleo de baja cualificación comenzó a cubrirse de manera habitual con personas llegadas de otros países con intención de participar en la eclosión económica que se estaba viviendo en España.
Sectores como la hostelería, la construcción o la hostelería demandaban un perfil de trabajador que los ciudadanos españoles no atendían, principalmente por los horarios y los salarios ofrecidos. «Antes, esos puestos de trabajo los cubrían los inmigrantes por exceso de oferta. Sin embargo, ahora es distinto. Sin ir más lejos, para la recogida de la naranja no habíamanera de encontrar jornaleros españoles, y ahora se contrata a gente conocida. Incluso en el sector de la construcción han desaparecido. Se busca lo nacional, entre aquellos conocidos, que son muchos los que se han quedado sin trabajo», explica un responsable de gestionar la bolsa de trabajo del CSI-F.
Las ofertas de empleo se han racionado como el pan de los pobres. «Desde que se inició la crisis, ha descendido la posibilidad de emplearse tanto en el número de ofertas como en su variedad. Los perfiles de los puestos de trabajo son distintos», señalan las mismas fuentes, que indica que, si antes era el trabajador en paro el que tenía cierta capacidad de elección, las tornas han cambiado mucho. «Nos llegan sobre todo ofertas de comerciales a los que se les exigen contratos de autónomos, lo que permite a la empresa no arriesgar. Se trata de trabajos para el cobro de morosos y la venta de seguros», explican desde el sindicato.
El descenso de los posibles trabajos va en consonancia con la caída del consumo. El ahorro impera y alcanza cuotas de incremento cercanas al 40%, y si nadie compra es difícil que se necesiten dependientes que atiendan clientes, o personas que fabriquen productos de manera masiva. Todo se hace hilando muy fino.
«A la bolsa llegan ofertas de empleo muy específicas, como son médicos especialistas para empresas o incluso profesores de guitarra. Antes se registraban más peticiones de dependientes, camareros, pero eso ya no se ve. De hecho, antes, cuando se visitaban empresas, había una serie de demandas de empleo que ahora han desaparecido», explican desde el sindicato.
Para encontrar trabajo se recurre a los círculos de amigos, a los conocidos y familiares, que son también los que sostienen a aquellos miembros de su entorno social que han quedado más desprotegidos económicamente hablando. Ese apoyo en el entorno es, precisamente, algo con lo que los inmigrantes no cuentan, al estar en situación de desarraigo.
«Una técnica que está empleando la gente que busca empleo es apuntarse a asociaciones de diverso tipo, aparte del sindicato, para conob cer a otra gente y, de paso que hace amistades, tratar de encontrar salidas laborales», señalaron desde el CSI-F.
Los cursos de formación tienen cada vez más demanda. Entre los servicios que ofrece el sindicato CSI·F está al programa de Orientación Profesional Para el Empleo y el Autoempleo, OPEA. Este servicio, que dura nueve meses y por el que pasan unos 700 usuarios, ayuda a mejorar aspectos que puedan suponerles mayores posibilidades a la hora de encontrar un trabajo.
Se imparte, por ejemplo, un taller de técnicas de entrevista para facilitar trucos y consejos a los desempleados para afrontar con éxito las temidas entrevistas de trabajo. Una de las prácticas más utilizadas en estos talleres es la del 'roleplaying' grabado en vídeo. Esto consiste en simular una entrevista que se graba en vídeo para detectar posturas incorrectas, 'muletillas' expresivas, 'tics' nerviosos. etc. «Es más fácil hacer correcciones y el aspirante puede observar sus errores», señalan desde el CSI-F, que indica que las ventajas de este método han hecho del roleplaying una práctica muy habitual en estos talleres ya que ayuda a los desempleados a controlar sus nervios y dar una imagen más sosegada.
Publicado en: http://www.lasprovincias.es/valencia/20091108/euros/inmigrantes-desaparecen -bolsas-ofertas-20091108.html
lunes 2 de noviembre de 2009
¿Una generación sin pensiones?
A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.
En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.
En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.
Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.
"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.
No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.
La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.
"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.
Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.
Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.
Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.
El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.
Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).
El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.
Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.
Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/generacion/pensiones/elpepusoc/2009 1102elpepisoc_1/Tes
En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.
En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.
Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.
"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.
No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.
La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.
"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.
Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.
Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.
Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.
El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.
Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).
El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.
Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.
Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/generacion/pensiones/elpepusoc/2009 1102elpepisoc_1/Tes
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