El sueño del pleno empleo estaba al alcance de la mano. La tasa de paro había caído al nivel más bajo de la democracia, un 7,9%. Era España. Un país en el que el desempleo había vivido en niveles históricamente altos en los ochenta y en los noventa. Todo un logro que ahora, cuando sólo han pasado dos años, queda muy lejos. El paro está en el 17,9%. 4.137.500 personas de brazos cruzados. Y, esta misma semana, la OCDE, la organización que agrupa a los países más desarrollados del mundo -es decir, el club de los estados más ricos del planeta- ha dejado claro que la pesadilla todavía no ha acabado, que el paro llegará al 20% el año que viene.
El protagonismo español al hablar del mercado laboral está en boca de todo el mundo. Cuando el miércoles la OCDE presentó su informe anual sobre el mercado de trabajo, su secretario general, Ángel Gurría, definió a España como "un caso especial". La crisis ha generado más parados en Estados Unidos. En concreto, 7,1 millones (por 2,2 millones de España). Pero su población activa ronda los 150 millones de personas frente a los 23 de España.
Nadie ha visto un aumento del paro como el hispano: duplica la tasa de la Eurozona. En julio de 2007 la tasa de desocupados cayó al 7,9%. El objetivo del pleno empleo estaba al alcance de la mano y así lo proclamó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero antes de las últimas elecciones generales. Pero la crisis convirtió el objetivo en una quimera. Lo que iba a ser el principal argumento electoral del PSOE, comenzó a convertirse en una amenaza. Entonces aparecieron promesas electorales como la reducción de 400 euros del impuesto de la renta para todos, independientemente de los ingresos. La promesa se transformó luego en una de las primeras medidas anticrisis. Ahora está en peligro ante el galopante déficit público, que este año se situará en torno al 10% del PIB.
Desde hace dos años el paro sólo sube. Al principio, poco a poco. Antes de que el desempleo desatara toda su virulencia llegó la caída de la vivienda, la de las ventas de coches o la del consumo; la escalada de la morosidad, la del Euríbor o la de los precios del petróleo, y con ella, el choque inflacionario (que meses después ha acabado en amenaza de deflación). Los síntomas de la recesión arreciaban en el segundo trimestre de 2008 -algo que el INE ha confirmado hace apenas unas semanas- cuando el Gobierno andaba empeñado en negar lo obvio. "Es opinable si hay crisis", declaró Zapatero en una entrevista con EL PAÍS en junio de 2008.
Con el desplome de Lehman Brothers, del que se cumple un año ahora, llegó el hundimiento del mercado laboral. La crisis financiera mundial llegó al paroxismo. El grifo del crédito se secó completamente y golpeó con toda su dureza al empleo. El saldo hasta el momento habla por sí mismo: 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos, 2,2 millones de parados más y una tasa del 17,9%.
El Banco de España calcula que el porcentaje de desempleados en la crisis anterior, cuando se llegó al máximo histórico del 24,5%, sería del 18,2% con la metodología actual. Es decir, el récord está a la vuelta de la esquina. Claro que ese dato caería ahora sobre un mercado laboral mucho más amplio y robusto que entonces, con 23 millones de trabajadores y 12 millones de empleos fijos, cifras que casi duplican las de 1993.
La fábrica de parados en que se ha convertido España empezó su sádica producción por la construcción. El ladrillo había crecido sin freno en la época de expansión. Los cálculos del banco suizo UBS revelan que entre 1995 y 2007 el peso de la construcción residencial -la civil se ha mantenido estable- en la economía española se duplicó. Llegó al 8%. "No era lógico el tamaño que tenía la construcción en la economía española. Era una especie de monocultivo", razona Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. La consecuencia, 851.000 puestos de trabajo engullidos. Tras el ladrillo -con un gran poder de arrastre sobre el resto de la economía- la industria (432.000 empleos perdidos) y los servicios (243.000 puestos desaparecidos).
Pero la fábrica no ha parado todavía. "El sector de la construcción va a echar a más gente y también los servicios", pronostica Sandalio Gómez, profesor del IESE. La OCDE puso una cifra el miércoles. Hasta 2010 en España se contabilizarán 493.000 desocupados más. Menos que los sumados hasta ahora. Sí, pero con 2,2 millones de desempleados más. "El paro no ha tocado fondo, pero el ritmo anterior era tremendo", argumenta Gómez.
Así se explica que Alemania y Francia, menos golpeadas hasta ahora por el desempleo, sufrirán ahora su látigo en mayor medida, según pronostica la OCDE. Por ejemplo, en el primer caso, la destrucción de empleo se ha traducido en menos horas trabajadas. Ahora, llega el turno del desempleo, afirma Ángel Laborda, director del panel de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Claro, que su tasa de paro no se acercará, ni por asomo, a la española. Quedará en el 11,8%.
"No creo que lleguemos a los cinco millones de parados, pero lo más preocupante es que la tasa será alta durante mucho tiempo", abunda Malo. En línea con estas palabras se sitúan las previsiones de Funcas o UBS, que sitúan el paro por encima del 20% en 2010 (en el caso del banco de inversión, lleva este cálculo hasta, al menos 2012). Se repetirá un fenómeno tradicional del mercado laboral español. El desempleo crece de forma vertiginosa, pero se reduce de forma muy lenta y dolorosa. El ejemplo más claro de esto es lo sucedido en las últimas dos décadas: rebajar la tasa de desempleo al nivel en que estaba a finales de los setenta costó un cuarto de siglo.
Estos números se basan en la debilidad y lentitud de la recuperación española. La recesión perdurará hasta mitad de 2010. Mientras, Francia, Alemania o Portugal ya han salido de ella y el conjunto de la Unión Europea y Estados Unidos se prevé que lo hagan este trimestre. Hasta 2011 no llegará un crecimiento que permita detener la destrucción de empleo. Laborda calcula que para ello se necesita un incremento del PIB en torno al 1,5% o el 2%.
La famélica recuperación española adolecerá de los mismos desequilibrios que han precipitado una crisis más dura para el empleo que para el resto de países europeos, pese a sus menores caídas del PIB. "El sector inmobiliario ha originado durante años una sobreoferta y ahora la demanda está muy débil. Además, aunque empiece a resucitar, el número de viviendas por vender todavía es muy alto, en torno a un millón", explica Laborda. "Esto va a ser una losa que va a detraer crecimiento".
Al omnipresente problema de la construcción, España suma un problema financiero y un sector por reordenar. Tarea pendiente que obstruirá la necesaria irrigación de crédito -ahora en contracción- a la economía. La intervención de Caja Castilla La Mancha y la aprobación antes de agosto del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria, conocido por sus iniciales, FROB, prueban la existencia de unos deberes por hacer.
El otro lastre que señala Laborda es el paro mismo. Consecuencia de la crisis en principio, acaba por transformarse en causa y rémora. La persistencia de tasas altas de desempleo mina la confianza de las familias y limita su gasto. Inevitablemente cae el consumo, lo que en una economía como la española -con un PIB dependiente en más del 60% de la demanda interna- es una losa muy pesada por levantar.
En este escenario, el paro vuelve a aparecer como un problema estructural de la economía española. Un problema que no afecta a todos por igual. Inmigrantes, mujeres y jóvenes lo sufren en mayor medida. Sobre todo estos últimos. El paro entre los menores de 25 años es del 38,15%. Datos como éste, que ofrecen un futuro más oscuro aún a quien más futuro tiene, llevaron al máximo responsable de la OCDE, Ángel Gurría, a advertir el miércoles contra uno de los peligros que trae consigo una crisis con efectos devastadores sobre el empleo: la aparición de una "generación perdida".
Medidas que no detienen la hemorragia
La herida del paro ha requerido de grandes y urgentes medidas que taponaran la hemorragia. Pero la sangría es demasiado grande y a lo más que han llegado es sólo a contenerla; no a pararla. Lo demuestra la caída del paro registrado entre mayo y julio. Un alivio temporal. Ya en agosto el desempleo ha vuelto a subir.
La más importante de las iniciativas ha sido la del fondo para inversiones locales. 8.000 millones de euros destinados a obras municipales que han creado 400.000 empleos. Esta misma semana la OCDE lo reconocía. No obstante, la organización calificaba de "modestos" los resultados del esfuerzo fiscal español contra el empleo, sobre todo, al compararlos con los de Australia, Japón o Estados Unidos, donde las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo han tenido un efecto mayor.
Entre los expertos, pocas críticas recibe esta medida. "La urgencia era la urgencia", afirma Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca, quien admite que hubiera preferido que los proyectos financiados deberían haber sido más selectivos.
Ahora el Ejecutivo prevé otro fondo similar. En esta ocasión la inyección será de 5.000 millones. Según advirtió la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, generará menos puestos de trabajo porque las inversiones serán más selectivas y destinadas a impulsar el cambio de modelo productivo, algo que no preveía el primer fondo local.
No ha sido la única, ha habido otras. Como la contratación de 1.500 orientadores laborales o la ampliación de la plantilla de los servicios públicos de empleo para agilizar los trámites de solicitud de la prestación por desempleo.
La última, la de otorgar una ayuda de 420 euros al mes a los parados sin ingresos, trata de evitar la exclusión social de los desempleados en peor situación, algo que de forma genérica ha demandado la OCDE en su informe de esta semana. Pero su implantación se ha visto rodeada de polémica
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/economia/anos/crisis/paro/elpepueco/20090920 elpepieco_3/Tes
domingo, 20 de septiembre de 2009
Salvad al trabajador alemán
Opel no es una marca cualquiera de automóviles. No lo es en Aragón, donde genera el 5% del PIB de la región y es el motor del 55% de sus exportaciones. Pero tampoco lo es en Europa, donde Opel representaba la bandera de un sindicalismo continental, gracias al trabajo de un ejemplar Comité de Empresa europeo. En Opel, con fábricas en Alemania, España, Inglaterra, Bélgica, Polonia y Hungría, la interlocución entre la empresa (norteamericana, por otra parte, porque la propietaria es el gigante General Motors, GM) y trabajadores había superado las fronteras nacionales.
Tras la puesta en venta de la firma por la quiebra de GM, el europeísmo de Opel está a punto de romperse ante la existencia de un plan industrial en el que sobran unos 10.500 trabajadores de un total de 45.000. Cuando representantes del Gobierno español y de la comunidad de Aragón acudieron a una reunión con sus homólogos alemanes hace unas semanas para tratar asuntos importantes del futuro de la compañía, se toparon con un detalle muy desagradable: en la mesa habían colocado una única bandera alemana y el portavoz alemán exigía que la reunión se celebrase en su idioma. No era una anécdota.
En tiempo de recesión, la solidaridad entre europeos amenaza quiebra. La situación es muy sencilla: Opel está en venta y más del 50% de sus trabajadores son alemanes. Opel es una marca alemana. Y el Gobierno alemán, sin consultar a nadie, ofrece un préstamo de 1.500 millones de euros además de 300 millones en efectivo supeditados a que Magna (con financiación de un banco ruso, Sberbank) compre la compañía. Magna es un holding canadiense, especializado en componentes y marcas blancas para la industria de la automoción con fábricas en Austria y que suele trabajar para Mercedes, BMW y Volkswagen. Curioso: todo firmas alemanas. Ese dinero, más la posibilidad de un crédito de hasta 4.500 millones, es para Magna y sólo para Magna.
GM tiene que elegir entre Magna y un fondo de inversión belga. La presión alemana es tan fuerte (hay una campaña electoral de por medio) que GM termina aceptando que Magna inicie las gestiones de compra. Cuando Magna explica su plan industrial se desvela sus intenciones: cierre de la fábrica de Amberes (2.321 trabajadores), reducciones en Luton (Gran Bretaña) y un recorte de 1.672 empleos que puede ser letal en la fábrica más productiva de la marca, la de Figueruelas (Aragón). ¿Y las plantas alemanas?: la de Bochum pierde 2.045 empleos pero la de Russelheil, gracias al desmantelamiento de una línea de producción precisamente en Figueruelas, ganará empleo.
En una foto de estos días puede apreciarse cómo, detrás de un portavoz de Magna, aplaude el presidente del comité de empresa europeo de Opel. Es Klaus Franz. Alemán por más señas.
A ninguno de los otros cuatro representantes del comité de empresa (un español, un inglés, un belga y un polaco) se le hubiera ocurrido aplaudir. Un sindicalista no puede aplaudir una reducción de empleo. Tampoco la aplauden los Gobiernos afectados: Alemania ha jugado en solitario esta partida. Por eso, el detalle de una sola bandera y un solo idioma en una reunión entre altos cargos de dos gobiernos es tan ilustrativo.
Los representantes sindicales españoles en Figueruelas no quieren hablar de una rotura del principio de solidaridad europea en el que tanto creían. "Habíamos conseguido un alto nivel de interlocución a escala europea, habíamos llegado a acuerdos para todas las plantas", recuerda Pedro Bona, miembro español del comité europeo. Prefieren esperar acontecimientos, que acabe la campaña electoral alemana, y que el asunto se pueda reconducir. "¿Hubiéramos hecho nosotros lo mismo?", se pregunta Bona, "¿si el dinero fuera español?, ¿habríamos defendido exclusivamente a los trabajadores españoles?". Una idea de Europa se rompe en Opel.
La cuestión principal es la existencia de un plan industrial que, hasta donde se conoce, se traduce en una amenaza de muerte para Figueruelas y para la economía de Aragón. Figueruelas es una de las 10 plantas más competitivas del mundo, según el informe Harbour, una empresa independiente que mide la productividad de las empresas. Es la número uno de GM. Un coche fabricado en Zaragoza puesto en destino es 600 euros más barato que uno elaborado en Alemania. Era además una fábrica poco conflictiva: desde 1993 sólo ha sufrido una huelga de dos horas.
Si como anuncia el plan industrial, 1.672 de los 7.400 trabajadores españoles de Opel (llegó a haber 9.370) se tienen que ir a casa, si se elimina una línea de producción porque parte de la fabricación del Corsa tres puertas se traslada a Alemania, además de la totalidad del Opel cinco puertas, si lo único que va a producir Figueruelas es el Opel Meriva y algunas partidas del Combo, los ingenieros, los economistas y los líderes sindicales han hecho sus cuentas y saben que eso significa que Figueruelas se va al garete en cuatro años.
Una crisis que se cuece en despachos de Frankfort y Zurich está minando la moral de los trabajadores españoles. El proceso dura meses y las noticias no han dejado de ser desalentadoras. Se han celebrado asambleas en las fábricas sin incidentes, pero el clima social se está tensando: hay gente con ganas de barricada. Tantos años de esfuerzo, de tensión por ser los mejores, de conflictividad nula en beneficio de la productividad para acabar en el paro puede provocar la radicalización. Figueruelas es una caldera en ebullición.
Lo siente José Juan Arceiz, líder del comité de empresa español: "La gente está cansada y muy harta, pero todavía hay que esperar acontecimientos, la reacción de otros gobiernos". Arceiz está preocupado porque la ira de los trabajadores y de la prensa aragonesa se dirija contra Magna. "Se está queriendo culpabilizar a Magna, que no deja de ser un inversor, un socio industrial. Y sin socio industrial, Opel no tiene futuro". Sin embargo, no acaba de entenderse que haya que desguazar la planta más rentable.
Y herida de muerte Figueruelas, una parte sensible de la industria aragonesa (además de algunas plantas en La Rioja y Navarra) sufrirá. Cada trabajador de Figueruelas genera de 8 a 15 puestos de trabajo en la industria auxiliar porque el 78% de las piezas de un coche (un modelo puede tener de 3.000 a 5.000 piezas) se hacen fuera de la fábrica y la tendencia sería la de reducir ese porcentaje. Si cae Figueruelas cae el 25% de la industria aragonesa y casi el 60% de su capacidad exportadora. Una bomba en Aragón.
Movilización en la capital aragonesa
Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Zaragoza contra el plan de Magna para la planta de Opel en Figueruelas, encabezados por los representantes de los trabajadores de la fabrica y acompañados por políticos de todos los partidos.
La manifestación partió a las doce del mediodía de la plaza de San Miguel tras una pancarta con el lema "Opel y auxiliares: por un plan industrial viable. Significa empleo y futuro para Aragón".
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aprovechó su intervención ante el Comité Federal del PSOE para pedir a todo el partido y a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyo para que la planta no pierda producción. "Nos preocupa que se deslocalice a otras factorías menos eficientes de la UE", afirmó, según fuentes socialistas. En presencia del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, pidió también que hagan todo lo posible para que se respeten las normas europeas de ayudas públicas en el caso de Opel.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/economia/Salvad/trabajador/aleman/elpepueco/ 20090920elpepieco_4/Tes
Tras la puesta en venta de la firma por la quiebra de GM, el europeísmo de Opel está a punto de romperse ante la existencia de un plan industrial en el que sobran unos 10.500 trabajadores de un total de 45.000. Cuando representantes del Gobierno español y de la comunidad de Aragón acudieron a una reunión con sus homólogos alemanes hace unas semanas para tratar asuntos importantes del futuro de la compañía, se toparon con un detalle muy desagradable: en la mesa habían colocado una única bandera alemana y el portavoz alemán exigía que la reunión se celebrase en su idioma. No era una anécdota.
En tiempo de recesión, la solidaridad entre europeos amenaza quiebra. La situación es muy sencilla: Opel está en venta y más del 50% de sus trabajadores son alemanes. Opel es una marca alemana. Y el Gobierno alemán, sin consultar a nadie, ofrece un préstamo de 1.500 millones de euros además de 300 millones en efectivo supeditados a que Magna (con financiación de un banco ruso, Sberbank) compre la compañía. Magna es un holding canadiense, especializado en componentes y marcas blancas para la industria de la automoción con fábricas en Austria y que suele trabajar para Mercedes, BMW y Volkswagen. Curioso: todo firmas alemanas. Ese dinero, más la posibilidad de un crédito de hasta 4.500 millones, es para Magna y sólo para Magna.
GM tiene que elegir entre Magna y un fondo de inversión belga. La presión alemana es tan fuerte (hay una campaña electoral de por medio) que GM termina aceptando que Magna inicie las gestiones de compra. Cuando Magna explica su plan industrial se desvela sus intenciones: cierre de la fábrica de Amberes (2.321 trabajadores), reducciones en Luton (Gran Bretaña) y un recorte de 1.672 empleos que puede ser letal en la fábrica más productiva de la marca, la de Figueruelas (Aragón). ¿Y las plantas alemanas?: la de Bochum pierde 2.045 empleos pero la de Russelheil, gracias al desmantelamiento de una línea de producción precisamente en Figueruelas, ganará empleo.
En una foto de estos días puede apreciarse cómo, detrás de un portavoz de Magna, aplaude el presidente del comité de empresa europeo de Opel. Es Klaus Franz. Alemán por más señas.
A ninguno de los otros cuatro representantes del comité de empresa (un español, un inglés, un belga y un polaco) se le hubiera ocurrido aplaudir. Un sindicalista no puede aplaudir una reducción de empleo. Tampoco la aplauden los Gobiernos afectados: Alemania ha jugado en solitario esta partida. Por eso, el detalle de una sola bandera y un solo idioma en una reunión entre altos cargos de dos gobiernos es tan ilustrativo.
Los representantes sindicales españoles en Figueruelas no quieren hablar de una rotura del principio de solidaridad europea en el que tanto creían. "Habíamos conseguido un alto nivel de interlocución a escala europea, habíamos llegado a acuerdos para todas las plantas", recuerda Pedro Bona, miembro español del comité europeo. Prefieren esperar acontecimientos, que acabe la campaña electoral alemana, y que el asunto se pueda reconducir. "¿Hubiéramos hecho nosotros lo mismo?", se pregunta Bona, "¿si el dinero fuera español?, ¿habríamos defendido exclusivamente a los trabajadores españoles?". Una idea de Europa se rompe en Opel.
La cuestión principal es la existencia de un plan industrial que, hasta donde se conoce, se traduce en una amenaza de muerte para Figueruelas y para la economía de Aragón. Figueruelas es una de las 10 plantas más competitivas del mundo, según el informe Harbour, una empresa independiente que mide la productividad de las empresas. Es la número uno de GM. Un coche fabricado en Zaragoza puesto en destino es 600 euros más barato que uno elaborado en Alemania. Era además una fábrica poco conflictiva: desde 1993 sólo ha sufrido una huelga de dos horas.
Si como anuncia el plan industrial, 1.672 de los 7.400 trabajadores españoles de Opel (llegó a haber 9.370) se tienen que ir a casa, si se elimina una línea de producción porque parte de la fabricación del Corsa tres puertas se traslada a Alemania, además de la totalidad del Opel cinco puertas, si lo único que va a producir Figueruelas es el Opel Meriva y algunas partidas del Combo, los ingenieros, los economistas y los líderes sindicales han hecho sus cuentas y saben que eso significa que Figueruelas se va al garete en cuatro años.
Una crisis que se cuece en despachos de Frankfort y Zurich está minando la moral de los trabajadores españoles. El proceso dura meses y las noticias no han dejado de ser desalentadoras. Se han celebrado asambleas en las fábricas sin incidentes, pero el clima social se está tensando: hay gente con ganas de barricada. Tantos años de esfuerzo, de tensión por ser los mejores, de conflictividad nula en beneficio de la productividad para acabar en el paro puede provocar la radicalización. Figueruelas es una caldera en ebullición.
Lo siente José Juan Arceiz, líder del comité de empresa español: "La gente está cansada y muy harta, pero todavía hay que esperar acontecimientos, la reacción de otros gobiernos". Arceiz está preocupado porque la ira de los trabajadores y de la prensa aragonesa se dirija contra Magna. "Se está queriendo culpabilizar a Magna, que no deja de ser un inversor, un socio industrial. Y sin socio industrial, Opel no tiene futuro". Sin embargo, no acaba de entenderse que haya que desguazar la planta más rentable.
Y herida de muerte Figueruelas, una parte sensible de la industria aragonesa (además de algunas plantas en La Rioja y Navarra) sufrirá. Cada trabajador de Figueruelas genera de 8 a 15 puestos de trabajo en la industria auxiliar porque el 78% de las piezas de un coche (un modelo puede tener de 3.000 a 5.000 piezas) se hacen fuera de la fábrica y la tendencia sería la de reducir ese porcentaje. Si cae Figueruelas cae el 25% de la industria aragonesa y casi el 60% de su capacidad exportadora. Una bomba en Aragón.
Movilización en la capital aragonesa
Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Zaragoza contra el plan de Magna para la planta de Opel en Figueruelas, encabezados por los representantes de los trabajadores de la fabrica y acompañados por políticos de todos los partidos.
La manifestación partió a las doce del mediodía de la plaza de San Miguel tras una pancarta con el lema "Opel y auxiliares: por un plan industrial viable. Significa empleo y futuro para Aragón".
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aprovechó su intervención ante el Comité Federal del PSOE para pedir a todo el partido y a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyo para que la planta no pierda producción. "Nos preocupa que se deslocalice a otras factorías menos eficientes de la UE", afirmó, según fuentes socialistas. En presencia del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, pidió también que hagan todo lo posible para que se respeten las normas europeas de ayudas públicas en el caso de Opel.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/economia/Salvad/trabajador/aleman/elpepueco/ 20090920elpepieco_4/Tes
El futuro de Seat
A mediados de los sesenta la situación de Seat era grave. Los problemas de su socio, la italiana Fiat, repercutieron sobre ella. La crisis de Fiat provocó la presentación por parte de Agnelli de un plan de reestructuración con muchos despidos en las plantas de Turín. La reacción sindical italiana consiguió que, antes de discutir cierres en Italia, Fiat se desprendiera de Seat, con lo cual ésta quedó en manos de Gobierno español, ya que su propietario único pasó a ser el INI. Se entró en una dinámica de recesión y las pérdidas anuales empezaron a ser considerables, o más claramente, inasumibles por el INI.
Se planteó cerrar ya que, al dejar de formar parte del grupo Fiat, Seat no tenía productos ni tecnología propios, y además su volumen de producción era muy pequeño para poder competir con otras marcas de vehículos de gama media-baja. Mercedes, Jaguar o BMW pueden ser rentables fabricando unos cientos de miles de vehículos al año, pero Renault, Volkswagen, Nissan, Citroën o Fiat deben fabricar millones de coches. Seat competía con estos segundos, pero con un volumen de producción como los primeros. La disyuntiva era simple: o integrarse en un grupo mayor, o cerrar, con grandes costes de empleo para España y sobre todo para Cataluña.
Después de un periodo de tanteos se llegó a alcanzar un acuerdo con el grupo Volkswagen (VW). Este acuerdo supuso la venta, haciéndose cargo el Gobierno de todas las pérdidas acumuladas y garantizando VW la continuidad de producción y el volumen de empleo. Para conceder las ayudas que pidió VW, el Ministerio de Industria exigió a cambio que, además de fabricar en España vehículos de VW (por ejemplo el Polo), Seat desarrollara y fabricara modelos propios, para lo que hubo que crear un centro tecnológico de desarrollo en Martorell.
El acuerdo se cerró en 1987 y funcionó a satisfacción de ambas partes. Seat pasó de ser un fabricante de vehículos creados en Italia a convertirse poco a poco en una empresa que concibe y fabrica sus propios modelos. Probablemente el de mayor éxito ha sido el Ibiza, pero no hay que olvidar el Córdoba, el León, el Altea... Seat es una empresa del grupo VW, pero con marca, comercialización y, lo más importante, tecnología propias, y ha permitido la aparición a su alrededor de una potente industria de componentes de automoción.
Ahora que vientos de crisis sacuden la industria automovilística, aparecen peligros para el empleo en las fábricas españolas porque las actuaciones de las multinacionales pasan por fusiones, ventas, reducciones de plantillas o cierres. Los gobiernos de los territorios donde están situadas las plantas no quedan al margen de ello, pues las repercusiones laborales son muy importantes. Se ven presionados por la opinión pública, especialmente la sindical, y al mismo tiempo son objeto de petición de ayudas por las multinacionales, que aprovechan en su favor esta presión. Los criterios de localización son sobre todo de costes, de productividad y de clima laboral, y así se conceden ayudas y se aceptan sacrificios a cambio de garantías de continuidad en el empleo e inversiones de mejora de productividad.
Siempre he creído que debería introducirse un nuevo criterio: la exigencia de situar, junto a las fábricas, centros de desarrollo, tanto para la concepción de nuevos modelos y componentes como para la mejora en los sistemas de producción. Pienso que, junto a la productividad (que es imprescindible), nada ayuda más a fijar una actividad en un territorio que la proximidad del conocimiento y el talento necesarios para llevarla a cabo. La existencia de centros generadores de conocimiento e innovación, sean instituciones universitarias, empresas suministradoras o centros de la propia empresa, es un criterio clave en las decisiones de localización.
Fue una gran noticia la decisión de situar en Martorell la próxima fabricación del Audi Q3 y a ello contribuyeron los sindicatos y los gobiernos catalán y español. La noticia reciente de que el presidente de Seat, James Muir, propone crear en Martorell un nuevo centro de I+D sobre eficiencia energética y medioambiental es para mí una noticia todavía más importante, dada la trascendencia que estos temas tendrán en el coche del futuro. Si el Q3 es clave a corto plazo, este centro puede serlo a medio y a largo. Los gobiernos, especialmente el catalán, deberían poner esfuerzos y recursos, si hace falta, para conseguir que esta iniciativa se convierta en realidad.
Joan Majó es ingeniero y ex ministro.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/futuro/Seat/elpepuespcat/20090919el pcat_6/Tes
Se planteó cerrar ya que, al dejar de formar parte del grupo Fiat, Seat no tenía productos ni tecnología propios, y además su volumen de producción era muy pequeño para poder competir con otras marcas de vehículos de gama media-baja. Mercedes, Jaguar o BMW pueden ser rentables fabricando unos cientos de miles de vehículos al año, pero Renault, Volkswagen, Nissan, Citroën o Fiat deben fabricar millones de coches. Seat competía con estos segundos, pero con un volumen de producción como los primeros. La disyuntiva era simple: o integrarse en un grupo mayor, o cerrar, con grandes costes de empleo para España y sobre todo para Cataluña.
Después de un periodo de tanteos se llegó a alcanzar un acuerdo con el grupo Volkswagen (VW). Este acuerdo supuso la venta, haciéndose cargo el Gobierno de todas las pérdidas acumuladas y garantizando VW la continuidad de producción y el volumen de empleo. Para conceder las ayudas que pidió VW, el Ministerio de Industria exigió a cambio que, además de fabricar en España vehículos de VW (por ejemplo el Polo), Seat desarrollara y fabricara modelos propios, para lo que hubo que crear un centro tecnológico de desarrollo en Martorell.
El acuerdo se cerró en 1987 y funcionó a satisfacción de ambas partes. Seat pasó de ser un fabricante de vehículos creados en Italia a convertirse poco a poco en una empresa que concibe y fabrica sus propios modelos. Probablemente el de mayor éxito ha sido el Ibiza, pero no hay que olvidar el Córdoba, el León, el Altea... Seat es una empresa del grupo VW, pero con marca, comercialización y, lo más importante, tecnología propias, y ha permitido la aparición a su alrededor de una potente industria de componentes de automoción.
Ahora que vientos de crisis sacuden la industria automovilística, aparecen peligros para el empleo en las fábricas españolas porque las actuaciones de las multinacionales pasan por fusiones, ventas, reducciones de plantillas o cierres. Los gobiernos de los territorios donde están situadas las plantas no quedan al margen de ello, pues las repercusiones laborales son muy importantes. Se ven presionados por la opinión pública, especialmente la sindical, y al mismo tiempo son objeto de petición de ayudas por las multinacionales, que aprovechan en su favor esta presión. Los criterios de localización son sobre todo de costes, de productividad y de clima laboral, y así se conceden ayudas y se aceptan sacrificios a cambio de garantías de continuidad en el empleo e inversiones de mejora de productividad.
Siempre he creído que debería introducirse un nuevo criterio: la exigencia de situar, junto a las fábricas, centros de desarrollo, tanto para la concepción de nuevos modelos y componentes como para la mejora en los sistemas de producción. Pienso que, junto a la productividad (que es imprescindible), nada ayuda más a fijar una actividad en un territorio que la proximidad del conocimiento y el talento necesarios para llevarla a cabo. La existencia de centros generadores de conocimiento e innovación, sean instituciones universitarias, empresas suministradoras o centros de la propia empresa, es un criterio clave en las decisiones de localización.
Fue una gran noticia la decisión de situar en Martorell la próxima fabricación del Audi Q3 y a ello contribuyeron los sindicatos y los gobiernos catalán y español. La noticia reciente de que el presidente de Seat, James Muir, propone crear en Martorell un nuevo centro de I+D sobre eficiencia energética y medioambiental es para mí una noticia todavía más importante, dada la trascendencia que estos temas tendrán en el coche del futuro. Si el Q3 es clave a corto plazo, este centro puede serlo a medio y a largo. Los gobiernos, especialmente el catalán, deberían poner esfuerzos y recursos, si hace falta, para conseguir que esta iniciativa se convierta en realidad.
Joan Majó es ingeniero y ex ministro.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/futuro/Seat/elpepuespcat/20090919el pcat_6/Tes
martes, 8 de septiembre de 2009
Un otoño muy duro (otra vez)
En la calle de Teodoro Llorente de Alcoi, en Alicante, los albañiles han ensanchado las aceras y plantado árboles. Trece obreros han estado trabajando allí durante dos meses a la sombra de un gran cartel en el que figuraba la cantidad que costaba la obra: 331.226 euros. Sí. La inversión la pagaba el dinero del fondo de inversión local que ha anegado de paneles con el logo del Plan E la geografía española desde marzo. La obra y el trabajo ya se han acabado.
El Gobierno puso en marcha el fondo para frenar la escalada del paro cuando éste corría desbocado hacia los cuatro millones de desempleados, cifra que ya quedó vieja hace meses. Se trataba de contener el desplome del empleo en la construcción, un sector que en dos años ha triturado 851.000 puestos de trabajo. Para ello invirtió 8.000 millones. Y el éxito ha sido indudable. Ha generado 415.000 empleos, 120.000 más de los previstos. "Su finalidad era recuperar la actividad temporalmente, y lo ha conseguido", argumenta Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.
Pero ahora, cuando sus efectos comienzan a disiparse (como ha demostrado el paro registrado de agosto), la amenaza del paro vuelve a desplegar sus alas conforme se acerca el otoño. "Será muy duro", ha advertido el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro. En los mismos términos se expresa José María Lacasa, secretario general de CEOE: "Vamos a ver unos meses muy duros en términos de destrucción de empleo".
Es tradición: el final de la temporada turística siempre se salda con un mal otoño. Pero este año hay algo más. Se acaban las inversiones locales. Y la recesión seguirá golpeando hasta bien entrado 2010. Además, el nuevo fondo local, de 5.000 millones, no tiene como objetivo taponar en masa la hemorragia del desempleo, sino crear "empleo de calidad", y eso implica menor número de trabajos. ¿Cuántos? Todavía no hay cifra prevista.
Ante esta perspectiva, el Gobierno ya ha puesto la venda antes de que la herida vuelva a sangrar. Una larga lista de miembros del Ejecutivo han advertido de que el paro subirá en otoño, aunque matizan que el deterioro será menor de lo visto hasta ahora. Para ello se fijan en datos como los que arrojaba la afiliación a la Seguridad Social el pasado mes de agosto, cuando se contabilizaron 75.000 cotizantes más que en julio sin los efectos del calendario.
También los conocedores del mercado laboral español creen que el paro va a ir a más. Incluso van más allá. "El paro seguirá creciendo hasta la primera mitad de 2010. No vamos a crear empleo hasta que no crezcamos por encima del 1,5% o el 2%", advierte Sara de la Rica, directora del Observatorio Laboral de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que teme especialmente lo que suceda en el mercado laboral en el último trimestre del año. Y lo que es peor, según la teoría de De la Rica, todavía falta mucho para crear empleo. Para 2010, el Gobierno contempla un crecimiento del 0,3%, y muchos analistas y organismos internacionales pronostican una caída.
Más pesimista es Ferrer. Cree que se necesitarían crecimientos superiores al 1,5% para volver a crear empleo. Y Marta Romero, directora del servicio de estudios de Agett, la patronal de empleo temporal, defiende que para reducir la tasa de paro, el crecimiento debe superar el 3% del PIB.
"Nuestro escenario central contempla que, a partir de septiembre, la destrucción mensual de empleo comience a aumentar, especialmente en construcción, pero también en el resto de sectores por efecto arrastre", pronostica el BBVA. La patronal, por su parte, espera que octubre sea la piedra de toque que dé pistas acerca de lo que sucederá en los siguientes meses. Si octubre es muy malo (el año pasado, el paro registrado subió en más de 192.000 personas), los siguientes meses también lo serán.
Ahora bien, en lo que sí coinciden Gobierno, expertos y sindicatos es en que la caída del empleo aflojará su ritmo. Si no lo hiciera, el escenario sería escalofriante. Sólo en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009 se destruyeron 1.255.000 empleos.
Sí. Todos están de acuerdo. La destrucción de empleo será menor. Pero ya no caerá sobre una masa de casi 21 millones de trabajadores, sino sobre 18,9. Dicho de otra forma, no se puede estar siempre en caída libre. Pocos dudan de que la tasa de paro superará el 20%, con lo que duplicará las cifras europeas durante los próximos meses.
El paro español, de momento en el 17,9%, todavía está lejos del histórico 25,4% que se alcanzó en 1994. No obstante, el Banco de España señala en su último boletín que de medirse entonces el paro con la metodología actual, aquella tasa hubiera sido del 18,2%.
"Estaremos cerquita de los cinco millones de parados", afirma Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo. Según sus cálculos, llegar a esa cifra tan contundente dependerá de la evolución de la población activa, que ya en el último trimestre disminuyó. Esto, de entrada, lleva a Gómez a descartar que España llegue a cinco millones de parados. El mayor tamaño actual del mercado laboral español, señala Gómez, le lleva a afrontar esta durísima coyuntura con más garantías que en crisis pasadas.
Pero lo más preocupante ahora es por dónde seguirá la sangría del empleo. Hasta ahora se ha centrado en el trabajo temporal. En dos años han caído 1,4 millones de empleos, pero la última encuesta de población activa abrió una vía alarmante: por primera vez en 14 años se destruyó empleo indefinido. "El ajuste le toca ahora al núcleo duro del empleo", apunta Romero, de Agett, la patronal de las empresas de trabajo temporal.
"Hasta ahora, el núcleo del mercado laboral [los indefinidos] no se ha visto muy afectado. Pero ya ha empezado cierta reducción", continúa Gómez. Lo cierto es que la destrucción de trabajo fijo ya se ha notado en la construcción y la industria, donde su impacto no ha sido mayor por los expedientes de regulación de empleo temporales, que este año afectan a 277.721 trabajadores. En ellos se fija Ramón Górriz, de CC OO. Cree que pueden ser las primeras víctimas de las rescisiones de contrato definitivas.
Desde las cámaras de comercio, Gómez Navarro pronostica que las compañías "tendrán que deshacerse de trabajadores fijos". Lacasa incide: "Hay una amenaza clara al empleo estable".
Por su parte, Toni Ferrer, de UGT, afirma: "El ajuste ya ha pasado a los indefinidos". Él también cree que la caída ha sido menor por las regulaciones temporales de empleo -impulsadas por las ayudas del Ejecutivo para mantener el empleo-, pero advierte que vigilarán que las empresas que han recibido bonificaciones no acaben destruyendo empleo de forma definitiva. Górriz, de CC OO, advierte que esto llevará a su organización a plantear en los siguientes meses acabar con la temporalidad sin causa.
Pero la amenaza sobre el empleo fijo también llega de la caída de la contratación indefinida. En agosto se firmaron 68.735 contratos fijos, un 29,5% menos que en 2008, una caída muy superior al 10% del conjunto de contratos.
De poca ayuda será el clima que se respira entre los representantes de trabajadores y los empresarios. En lo que va de legislatura, el diálogo social no ha dado frutos. Y, también para otoño, la negociación colectiva amenaza con enquistarse si no se desbloquean los 1.500 convenios. Así lo reconocen los protagonistas.
José María Lacasa, de CEOE, admite que la mala relación entre los agentes sociales es un lastre más en una situación ya bastante difícil. "La ruptura del diálogo social tiene graves consecuencias", apunta Ramón Górriz, de CC OO. "No se mandan señales positivas. Y tampoco ayuda que la patronal tenga bloqueados los convenios. Si sigue así, aumentará la conflictividad en otoño. Es importante que haya acuerdos".
Más protegidos que nunca
La cifra de 1.040.214 parados en julio sin recibir prestación o subsidios puede dar escalofríos. Son muchos, sí, pero menos de los que había en abril de 2004, cuando el PSOE llegó al poder. Entonces, la cifra ascendía a 1.108.387. El dato no es baladí. Entonces, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ascendía a 2.162.400. En cambio, el pasado julio se cerró con 3.544.100.
El número de desempleados con cobertura es tan alto ahora que los que quedan desprotegidos son menos incluso que en algunos momentos en los que el paro registrado ha caído por debajo de los dos millones. Por ejemplo, en agosto de 2001.
Con estos datos, la tasa de cobertura estatal oficiosa -el dato oficial no se ha publicado durante los últimos meses y se volverá a publicar el mes próximo, según anunció el pasado miércoles la secretaria general de Empleo- se sitúa en el 70,6% del total de los parados, incluidos los que buscan el primer empleo. Y éste sí que es el dato más alto conocido. Los años de crecimiento y bonanza llevaron el desempleo a mínimos históricos. Esto hizo que los trabajadores acumularan más derechos de percibir prestación que en otras épocas, lo que se ha notado ahora que los parados han comenzado a exigir cobrar su prestación.
Todas estas cifras están calculadas sin tener en cuenta la nueva ayuda de 420 euros a parados sin ingresos durante medio año que el Gobierno aprobó en agosto, y que al final se ha ampliado por la presión de la izquierda parlamentaria. Grosso modo, los datos que maneja el Gobierno indican que de ella se podrán beneficiar unas 700.000 personas, por lo que se reducirá el número de parados sin ingresos procedentes de los servicios públicos de empleo y aumentará la tasa de cobertura.
El alto número de parados con prestación o subsidio ha hecho que el gasto de esta partida se haya disparado. Entre enero y julio, el monto gastado asciende a 18.067 millones de euros, 1.000 millones menos de lo presupuestado para todo el año. Esto lleva a la conclusión de que con la paga de agosto, la cantidad prevista se verá desbordada, lo que ya ha obligado al Gobierno a habilitar un crédito extra.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/semana/otono/duro/vez/elpepueconeg/20090906e lpneglse_6/Tes
El Gobierno puso en marcha el fondo para frenar la escalada del paro cuando éste corría desbocado hacia los cuatro millones de desempleados, cifra que ya quedó vieja hace meses. Se trataba de contener el desplome del empleo en la construcción, un sector que en dos años ha triturado 851.000 puestos de trabajo. Para ello invirtió 8.000 millones. Y el éxito ha sido indudable. Ha generado 415.000 empleos, 120.000 más de los previstos. "Su finalidad era recuperar la actividad temporalmente, y lo ha conseguido", argumenta Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.
Pero ahora, cuando sus efectos comienzan a disiparse (como ha demostrado el paro registrado de agosto), la amenaza del paro vuelve a desplegar sus alas conforme se acerca el otoño. "Será muy duro", ha advertido el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro. En los mismos términos se expresa José María Lacasa, secretario general de CEOE: "Vamos a ver unos meses muy duros en términos de destrucción de empleo".
Es tradición: el final de la temporada turística siempre se salda con un mal otoño. Pero este año hay algo más. Se acaban las inversiones locales. Y la recesión seguirá golpeando hasta bien entrado 2010. Además, el nuevo fondo local, de 5.000 millones, no tiene como objetivo taponar en masa la hemorragia del desempleo, sino crear "empleo de calidad", y eso implica menor número de trabajos. ¿Cuántos? Todavía no hay cifra prevista.
Ante esta perspectiva, el Gobierno ya ha puesto la venda antes de que la herida vuelva a sangrar. Una larga lista de miembros del Ejecutivo han advertido de que el paro subirá en otoño, aunque matizan que el deterioro será menor de lo visto hasta ahora. Para ello se fijan en datos como los que arrojaba la afiliación a la Seguridad Social el pasado mes de agosto, cuando se contabilizaron 75.000 cotizantes más que en julio sin los efectos del calendario.
También los conocedores del mercado laboral español creen que el paro va a ir a más. Incluso van más allá. "El paro seguirá creciendo hasta la primera mitad de 2010. No vamos a crear empleo hasta que no crezcamos por encima del 1,5% o el 2%", advierte Sara de la Rica, directora del Observatorio Laboral de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que teme especialmente lo que suceda en el mercado laboral en el último trimestre del año. Y lo que es peor, según la teoría de De la Rica, todavía falta mucho para crear empleo. Para 2010, el Gobierno contempla un crecimiento del 0,3%, y muchos analistas y organismos internacionales pronostican una caída.
Más pesimista es Ferrer. Cree que se necesitarían crecimientos superiores al 1,5% para volver a crear empleo. Y Marta Romero, directora del servicio de estudios de Agett, la patronal de empleo temporal, defiende que para reducir la tasa de paro, el crecimiento debe superar el 3% del PIB.
"Nuestro escenario central contempla que, a partir de septiembre, la destrucción mensual de empleo comience a aumentar, especialmente en construcción, pero también en el resto de sectores por efecto arrastre", pronostica el BBVA. La patronal, por su parte, espera que octubre sea la piedra de toque que dé pistas acerca de lo que sucederá en los siguientes meses. Si octubre es muy malo (el año pasado, el paro registrado subió en más de 192.000 personas), los siguientes meses también lo serán.
Ahora bien, en lo que sí coinciden Gobierno, expertos y sindicatos es en que la caída del empleo aflojará su ritmo. Si no lo hiciera, el escenario sería escalofriante. Sólo en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009 se destruyeron 1.255.000 empleos.
Sí. Todos están de acuerdo. La destrucción de empleo será menor. Pero ya no caerá sobre una masa de casi 21 millones de trabajadores, sino sobre 18,9. Dicho de otra forma, no se puede estar siempre en caída libre. Pocos dudan de que la tasa de paro superará el 20%, con lo que duplicará las cifras europeas durante los próximos meses.
El paro español, de momento en el 17,9%, todavía está lejos del histórico 25,4% que se alcanzó en 1994. No obstante, el Banco de España señala en su último boletín que de medirse entonces el paro con la metodología actual, aquella tasa hubiera sido del 18,2%.
"Estaremos cerquita de los cinco millones de parados", afirma Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo. Según sus cálculos, llegar a esa cifra tan contundente dependerá de la evolución de la población activa, que ya en el último trimestre disminuyó. Esto, de entrada, lleva a Gómez a descartar que España llegue a cinco millones de parados. El mayor tamaño actual del mercado laboral español, señala Gómez, le lleva a afrontar esta durísima coyuntura con más garantías que en crisis pasadas.
Pero lo más preocupante ahora es por dónde seguirá la sangría del empleo. Hasta ahora se ha centrado en el trabajo temporal. En dos años han caído 1,4 millones de empleos, pero la última encuesta de población activa abrió una vía alarmante: por primera vez en 14 años se destruyó empleo indefinido. "El ajuste le toca ahora al núcleo duro del empleo", apunta Romero, de Agett, la patronal de las empresas de trabajo temporal.
"Hasta ahora, el núcleo del mercado laboral [los indefinidos] no se ha visto muy afectado. Pero ya ha empezado cierta reducción", continúa Gómez. Lo cierto es que la destrucción de trabajo fijo ya se ha notado en la construcción y la industria, donde su impacto no ha sido mayor por los expedientes de regulación de empleo temporales, que este año afectan a 277.721 trabajadores. En ellos se fija Ramón Górriz, de CC OO. Cree que pueden ser las primeras víctimas de las rescisiones de contrato definitivas.
Desde las cámaras de comercio, Gómez Navarro pronostica que las compañías "tendrán que deshacerse de trabajadores fijos". Lacasa incide: "Hay una amenaza clara al empleo estable".
Por su parte, Toni Ferrer, de UGT, afirma: "El ajuste ya ha pasado a los indefinidos". Él también cree que la caída ha sido menor por las regulaciones temporales de empleo -impulsadas por las ayudas del Ejecutivo para mantener el empleo-, pero advierte que vigilarán que las empresas que han recibido bonificaciones no acaben destruyendo empleo de forma definitiva. Górriz, de CC OO, advierte que esto llevará a su organización a plantear en los siguientes meses acabar con la temporalidad sin causa.
Pero la amenaza sobre el empleo fijo también llega de la caída de la contratación indefinida. En agosto se firmaron 68.735 contratos fijos, un 29,5% menos que en 2008, una caída muy superior al 10% del conjunto de contratos.
De poca ayuda será el clima que se respira entre los representantes de trabajadores y los empresarios. En lo que va de legislatura, el diálogo social no ha dado frutos. Y, también para otoño, la negociación colectiva amenaza con enquistarse si no se desbloquean los 1.500 convenios. Así lo reconocen los protagonistas.
José María Lacasa, de CEOE, admite que la mala relación entre los agentes sociales es un lastre más en una situación ya bastante difícil. "La ruptura del diálogo social tiene graves consecuencias", apunta Ramón Górriz, de CC OO. "No se mandan señales positivas. Y tampoco ayuda que la patronal tenga bloqueados los convenios. Si sigue así, aumentará la conflictividad en otoño. Es importante que haya acuerdos".
Más protegidos que nunca
La cifra de 1.040.214 parados en julio sin recibir prestación o subsidios puede dar escalofríos. Son muchos, sí, pero menos de los que había en abril de 2004, cuando el PSOE llegó al poder. Entonces, la cifra ascendía a 1.108.387. El dato no es baladí. Entonces, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ascendía a 2.162.400. En cambio, el pasado julio se cerró con 3.544.100.
El número de desempleados con cobertura es tan alto ahora que los que quedan desprotegidos son menos incluso que en algunos momentos en los que el paro registrado ha caído por debajo de los dos millones. Por ejemplo, en agosto de 2001.
Con estos datos, la tasa de cobertura estatal oficiosa -el dato oficial no se ha publicado durante los últimos meses y se volverá a publicar el mes próximo, según anunció el pasado miércoles la secretaria general de Empleo- se sitúa en el 70,6% del total de los parados, incluidos los que buscan el primer empleo. Y éste sí que es el dato más alto conocido. Los años de crecimiento y bonanza llevaron el desempleo a mínimos históricos. Esto hizo que los trabajadores acumularan más derechos de percibir prestación que en otras épocas, lo que se ha notado ahora que los parados han comenzado a exigir cobrar su prestación.
Todas estas cifras están calculadas sin tener en cuenta la nueva ayuda de 420 euros a parados sin ingresos durante medio año que el Gobierno aprobó en agosto, y que al final se ha ampliado por la presión de la izquierda parlamentaria. Grosso modo, los datos que maneja el Gobierno indican que de ella se podrán beneficiar unas 700.000 personas, por lo que se reducirá el número de parados sin ingresos procedentes de los servicios públicos de empleo y aumentará la tasa de cobertura.
El alto número de parados con prestación o subsidio ha hecho que el gasto de esta partida se haya disparado. Entre enero y julio, el monto gastado asciende a 18.067 millones de euros, 1.000 millones menos de lo presupuestado para todo el año. Esto lleva a la conclusión de que con la paga de agosto, la cantidad prevista se verá desbordada, lo que ya ha obligado al Gobierno a habilitar un crédito extra.
Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/semana/otono/duro/vez/elpepueconeg/20090906e lpneglse_6/Tes
«El 'Plan E' no es un error. Evitó el desplome de la construcción»
El mundo vive la mayor crisis económica que se recuerda, pero la concejala de Empleo de Gijón no es un rostro protagonista. Asegura que no se esconde tras las cifras, sino que las políticas de los últimos años han hecho que en la ciudad los efectos de la crisis sean más moderados. Begoña Fernández la concejala socialista que, además, en su cartera lleva el peso de las políticas de Igualdad y de Juventud, reivindica para Gijón el Instituto Asturiano de la Mujer del que fue directora.
-En momentos de crisis como los que vivimos, la concejala de Empleo de Gijón apenas si tiene relevancia pública. ¿Es que las cosas van muy bien en la ciudad o es que se oculta usted tras las cifras?
-No estoy desaparecida. Informamos mes a mes de las cifras de desempleo, de las que hacemos un seguimiento muy puntual. Es evidente que, desde finales de 2008, estamos viviendo un año difícil, una crisis muy seria, que afecta a muchas personas, Pero en Gijón los efectos son más moderados.
-¿Por qué?
-Nos ha ayudado nuestra estructura económica, muy diversificada. No entiendo cuando el PP carga contra la alcaldesa. Las cifras están ahí: la evolución del mercado de empleo en Gijón en sus mandatos ha sido muy buena. Según Sadei, entre 2000 al 2008 tuvimos un crecimiento del 16%, con 13.200 empleos más. La crisis internacional de 2008, de la que el Ayuntamiento no tiene la culpa, nos ha acabado afectando, aunque es verdad que menos que en otras partes de España. Nuestra tasa de desempleo ha crecido el 38%, mientras en España, el 43%. Estamos menos afectados, pero es verdad que hay más de 5.000 personas que han perdido su empleo. En el último año, 3.800.
-¿Y qué hace el Ayuntamiento?
-Insisto en que no es culpa del Ayuntamiento, pero sí busca soluciones. En Gijón siempre ha habido un pacto por el empleo y el Ayuntamiento ha tenido sus propios planes de empleo y formación. A 1 de octubre habremos contratado con ellos a 641 personas.
6.000 para trabajar
-¿De colectivos especiales?
-Se han hecho cuatro convocatorias y en cada una hemos priorizado perfiles. En la primera, a mujeres; en la segunda, a parados sin prestación; en la tercera, a colectivos especialmente vulnerables, y, en esta última, que estamos preparando, a desempleados sin prestación. En estos procesos de selección hubo más de 6.000 solicitudes que hubo que valorar. A las que se suman las 2.700 personas que pasaron sólo para orientación laboral. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para tratar la crisis, pero sin abandonar nuestros objetivos anteriores: modernizar los servicios públicos de empleo y los programas municipales de empleo para adaptarlos a las necesidades del mercado laboral. Que van a cambiar.
-¿Cómo?
-El envejecimiento reducirá las personas en edad de trabajar.
-Pero también será un yacimiento de empleo.
-Sí, es un reto. Las empresas y las administraciones públicas tenemos que hacer esfuerzos por ir generando un mercado de trabajo más inclusivo. Sectores concretos que tenían plantillas muy homogéneas: varones, jóvenes, en los próximos años deberán integrar a mujeres, jóvenes, inmigrantes. Nosotros tenemos que modificar todos nuestros programas para acercar la oferta a la demanda. Tenemos, también, que formar para los nuevos sectores en ascenso.
-¿Cuáles?
-La sociedad de la información, producción de audiovisuales, sector metal, la atención a la dependencia. Está claro que esta crisis ha afectado a muchos, pero, sobre todo, a los que no tenían formación. La cualificación es clave y nosotros queremos insistir en hacerla, pero hacerla bien: para donde hay demanda. En eso estamos.
-¿Usted también ve brotes verdes?
-En Gijón la crisis, insisto, ha tenido un efecto moderado. Durante todo este tiempo, ha habido sectores que han notado la bajada, pero que no han dicho 'vamos a cerrar'. Ahora, hay que innovar y volcarnos en los sectores de más demanda: la sociedad de la información, las energías renovables y la ayuda a la dependencia.
-¿Y no es un contrasentido que el 'Plan E' se haya centrado en la construcción y no en estos sectores de los que habla? ¿Es un plan con 'e' de error?
-El 'Plan E' no es un error. Ha evitado el desplome del sector más afectado, el de la construcción. Sin el plan, hubiera habido un auténtico desplome cuya onda afectaría a todos los sectores.
-Y la paga de 420 euros a parados, ¿tampoco fue un error? Por lo menos, reconocerá que se hizo un poco a la trágala.
-Con los 420 euros hubo que rectificar y cambiar las fechas, pero no es un error. Es una ayuda necesaria.
-¿Para eso no está, ya, el salario social?
-El salario social es una ayuda para las unidades familiares en situación de vulnerabilidad. No es una prestación por desempleo y creo un error confundirlas o que una sustituya a la otra.
-Sin embargo, un amplio colectivo de beneficiarios de salario social son mujeres jóvenes sin trabajo, pero con cargas familiares.
-Para este colectivo el Ayuntamiento, junto con el Principado, tiene planes específicos, ya que necesitan trabajo, pero también conciliar la vida familiar con la laboral. Esa va a ser una de nuestras prioridades: que tengan servicios adecuados para poder formarse o trabajar además de tener familia, así como mejores horarios.
Publicado en: http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090906/gijon/plan-error-evito-desp lome-20090906.html
-En momentos de crisis como los que vivimos, la concejala de Empleo de Gijón apenas si tiene relevancia pública. ¿Es que las cosas van muy bien en la ciudad o es que se oculta usted tras las cifras?
-No estoy desaparecida. Informamos mes a mes de las cifras de desempleo, de las que hacemos un seguimiento muy puntual. Es evidente que, desde finales de 2008, estamos viviendo un año difícil, una crisis muy seria, que afecta a muchas personas, Pero en Gijón los efectos son más moderados.
-¿Por qué?
-Nos ha ayudado nuestra estructura económica, muy diversificada. No entiendo cuando el PP carga contra la alcaldesa. Las cifras están ahí: la evolución del mercado de empleo en Gijón en sus mandatos ha sido muy buena. Según Sadei, entre 2000 al 2008 tuvimos un crecimiento del 16%, con 13.200 empleos más. La crisis internacional de 2008, de la que el Ayuntamiento no tiene la culpa, nos ha acabado afectando, aunque es verdad que menos que en otras partes de España. Nuestra tasa de desempleo ha crecido el 38%, mientras en España, el 43%. Estamos menos afectados, pero es verdad que hay más de 5.000 personas que han perdido su empleo. En el último año, 3.800.
-¿Y qué hace el Ayuntamiento?
-Insisto en que no es culpa del Ayuntamiento, pero sí busca soluciones. En Gijón siempre ha habido un pacto por el empleo y el Ayuntamiento ha tenido sus propios planes de empleo y formación. A 1 de octubre habremos contratado con ellos a 641 personas.
6.000 para trabajar
-¿De colectivos especiales?
-Se han hecho cuatro convocatorias y en cada una hemos priorizado perfiles. En la primera, a mujeres; en la segunda, a parados sin prestación; en la tercera, a colectivos especialmente vulnerables, y, en esta última, que estamos preparando, a desempleados sin prestación. En estos procesos de selección hubo más de 6.000 solicitudes que hubo que valorar. A las que se suman las 2.700 personas que pasaron sólo para orientación laboral. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para tratar la crisis, pero sin abandonar nuestros objetivos anteriores: modernizar los servicios públicos de empleo y los programas municipales de empleo para adaptarlos a las necesidades del mercado laboral. Que van a cambiar.
-¿Cómo?
-El envejecimiento reducirá las personas en edad de trabajar.
-Pero también será un yacimiento de empleo.
-Sí, es un reto. Las empresas y las administraciones públicas tenemos que hacer esfuerzos por ir generando un mercado de trabajo más inclusivo. Sectores concretos que tenían plantillas muy homogéneas: varones, jóvenes, en los próximos años deberán integrar a mujeres, jóvenes, inmigrantes. Nosotros tenemos que modificar todos nuestros programas para acercar la oferta a la demanda. Tenemos, también, que formar para los nuevos sectores en ascenso.
-¿Cuáles?
-La sociedad de la información, producción de audiovisuales, sector metal, la atención a la dependencia. Está claro que esta crisis ha afectado a muchos, pero, sobre todo, a los que no tenían formación. La cualificación es clave y nosotros queremos insistir en hacerla, pero hacerla bien: para donde hay demanda. En eso estamos.
-¿Usted también ve brotes verdes?
-En Gijón la crisis, insisto, ha tenido un efecto moderado. Durante todo este tiempo, ha habido sectores que han notado la bajada, pero que no han dicho 'vamos a cerrar'. Ahora, hay que innovar y volcarnos en los sectores de más demanda: la sociedad de la información, las energías renovables y la ayuda a la dependencia.
-¿Y no es un contrasentido que el 'Plan E' se haya centrado en la construcción y no en estos sectores de los que habla? ¿Es un plan con 'e' de error?
-El 'Plan E' no es un error. Ha evitado el desplome del sector más afectado, el de la construcción. Sin el plan, hubiera habido un auténtico desplome cuya onda afectaría a todos los sectores.
-Y la paga de 420 euros a parados, ¿tampoco fue un error? Por lo menos, reconocerá que se hizo un poco a la trágala.
-Con los 420 euros hubo que rectificar y cambiar las fechas, pero no es un error. Es una ayuda necesaria.
-¿Para eso no está, ya, el salario social?
-El salario social es una ayuda para las unidades familiares en situación de vulnerabilidad. No es una prestación por desempleo y creo un error confundirlas o que una sustituya a la otra.
-Sin embargo, un amplio colectivo de beneficiarios de salario social son mujeres jóvenes sin trabajo, pero con cargas familiares.
-Para este colectivo el Ayuntamiento, junto con el Principado, tiene planes específicos, ya que necesitan trabajo, pero también conciliar la vida familiar con la laboral. Esa va a ser una de nuestras prioridades: que tengan servicios adecuados para poder formarse o trabajar además de tener familia, así como mejores horarios.
Publicado en: http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090906/gijon/plan-error-evito-desp lome-20090906.html
martes, 1 de septiembre de 2009
Las horas extras frenan la creación de miles de empleos en plena crisis
La realización de millones de horas extraordinarias frena la creación de miles de puestos de trabajo en la economía española, según revelan las estadísticas oficiales sobre esta modalidad de prolongación de la jornada laboral. Aunque se han reducido con la crisis, los sindicatos denuncian que muchas empresas en regulación de empleo recurren a esta fórmula, lo que en su opinión constituye una «flagrante ilegalidad». En otras ocasiones, se trata de compañías que se han pasado de 'frenada' a la hora de ajustar su plantilla en los últimos meses y se resisten a realizar nuevas contrataciones ante la incertidumbre generalizada, añaden.
Los datos de los últimos cuatro trimestres conocidos -abril de 2008 a marzo de 2009- indican que los trabajadores españoles realizaron casi 59 millones de horas extras, que equivalen a más de 36.000 puestos de trabajo según la jornada media realizada en el mismo periodo, de unas 1.612 horas anuales, incluidos los empleos a tiempo parcial.
En el País Vasco, donde el recurso a las horas extras es algo inferior al del conjunto del país, el número de empleos 'ocultos' por esta causa supera los 1.800, aunque en este caso se trata de una cifra en rápido descenso, en especial en el primer trimestre de 2009, cuando cayeron el 39%, hasta las 496.500 frente a las 817.600 de un año antes.
Cuestión de 'ética'
No son una cantidad importante de puestos de trabajo comparados con los que se han destruido -1.311.000 en España y 51.400 en Euskadi en el mismo periodo-, pero la existencia de esta 'disfunción' social adquiere para muchos observadores una «dimensión ética» ante la carencia de ocupaciones que ha provocado la crisis económica.
Con todo, los datos oficiales sobre horas extras, extraídos de la Encuesta de Coyuntura Laboral que trimestralmente realiza el Ministerio de Trabajo, no se acercan a la realidad del país, según coinciden diversas fuentes consultadas. Por un lado, la propia limitación legal frena a los empresarios a la hora de declarar todas las que se realizan. Por otro, el hecho de que tengan que cotizar a la Seguridad Social y por IRPF como las horas ordinarias -salvo las de fuerza mayor- induce en muchas ocasiones a los empleadores a buscar fórmulas alternativas de asignar los ingresos a los trabajadores para soslayar esos gravámenes. Conceptos como dietas o transporte encubren muchas veces el pago por la prolongación de la jornada. Otras veces se remuneran como 'primas especiales'.
Caída con la crisis
Pese a todo, el descenso de las horas extras ha sido significativo tras el estallido de la crisis económica durante el pasado año. Según el departamento que dirige Celestino Corbacho, alcanzaron su cenit en España en 2007 con casi 64,5 millones. El mínimo fue en 2001, con 55,3 millones. En la comunidad autónoma vasca, el máximo de los últimos diez años se anotó en 2002, con casi 3,3 millones, y el mínimo en 2006, con 2,6. Sin embargo, Euskadi ha registrado un acelerado descenso en el primer trimestre del año, hasta situarse en una media de 0,9 horas por cada trabajador ocupado a tiempo completo, frente a las 1,2 del conjunto de España, lo que constituye la distancia más alejada de la década.
El aumento del paro ha llevado de nuevo a las centrales sindicales y a otros sectores sociales de izquierdas a retomar la aparcada demanda del reparto del trabajo. La supresión de las horas extraordinarias sería la forma menos lesiva de aplicar esta fórmula, aunque su coste para las empresas, según las últimas estadísticas conocidas, sea algo inferior (15,81 euros frente a 17,62) al de la hora ordinaria.
Reparto del trabajo
La reivindicación del reparto del empleo es el argumento de los sindicatos para pedir una mayor intervención de la Inspección de Trabajo en el control de las irregularidades que se producen. Así lo ha señalado Javier López Irisarri, responsable de negociación colectiva de Comisiones Obreras de Euskadi, quien, tras reconocer que no se trata de incumplimientos generalizados, denuncia que su central ha constatado que algunas empresas de la industria y la construcción «se resisten a levantar» los expedientes de regulación de empleo y optan por las horas extras para cumplir sus objetivos. Algo «totalmente ilegal», subraya.
Pedidos no esperados y la organización de las vacaciones de la plantilla han sido las principales causas que han llevado a esta situación, explica. En algunos casos, los trabajadores en regulación de empleo no han podido acudir a los cursos de reciclaje que se imparten mientras tienen suspendido el contrato por las horas extras que han llevado a cabo. Incluso hay situaciones particularmente graves en la construcción, como la de una empresa que trabaja en una obra emblemática de Bilbao y que, según CC OO, hace horas extras «a tutiplén» tras despedir hace poco a medio centenar de operarios.
El sindicalista considera también «inmoral» que otras firmas del sector servicios y de montaje que no están en regulación hayan renunciado a contratar nuevos trabajadores para cumplir sus objetivos y recurran a la prolongación de la jornada.
Las horas extras y la regulación de empleo pueden contribuir a un otoño «caliente», alerta López Irisarri, y una opinión similar mantiene Felipe García, de la ejecutiva de UGT-Euskadi. La central socialista también ha constatado la existencia de empresas, en especial del sector del metal, que no tienen capacidad para hacer frente a los pedidos que les entran y que recurren a esta fórmula. «Se están haciendo cosas muy raras».
Publicado en: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090830/economia/horas-extras-frena n-creacion-20090830.html
Los datos de los últimos cuatro trimestres conocidos -abril de 2008 a marzo de 2009- indican que los trabajadores españoles realizaron casi 59 millones de horas extras, que equivalen a más de 36.000 puestos de trabajo según la jornada media realizada en el mismo periodo, de unas 1.612 horas anuales, incluidos los empleos a tiempo parcial.
En el País Vasco, donde el recurso a las horas extras es algo inferior al del conjunto del país, el número de empleos 'ocultos' por esta causa supera los 1.800, aunque en este caso se trata de una cifra en rápido descenso, en especial en el primer trimestre de 2009, cuando cayeron el 39%, hasta las 496.500 frente a las 817.600 de un año antes.
Cuestión de 'ética'
No son una cantidad importante de puestos de trabajo comparados con los que se han destruido -1.311.000 en España y 51.400 en Euskadi en el mismo periodo-, pero la existencia de esta 'disfunción' social adquiere para muchos observadores una «dimensión ética» ante la carencia de ocupaciones que ha provocado la crisis económica.
Con todo, los datos oficiales sobre horas extras, extraídos de la Encuesta de Coyuntura Laboral que trimestralmente realiza el Ministerio de Trabajo, no se acercan a la realidad del país, según coinciden diversas fuentes consultadas. Por un lado, la propia limitación legal frena a los empresarios a la hora de declarar todas las que se realizan. Por otro, el hecho de que tengan que cotizar a la Seguridad Social y por IRPF como las horas ordinarias -salvo las de fuerza mayor- induce en muchas ocasiones a los empleadores a buscar fórmulas alternativas de asignar los ingresos a los trabajadores para soslayar esos gravámenes. Conceptos como dietas o transporte encubren muchas veces el pago por la prolongación de la jornada. Otras veces se remuneran como 'primas especiales'.
Caída con la crisis
Pese a todo, el descenso de las horas extras ha sido significativo tras el estallido de la crisis económica durante el pasado año. Según el departamento que dirige Celestino Corbacho, alcanzaron su cenit en España en 2007 con casi 64,5 millones. El mínimo fue en 2001, con 55,3 millones. En la comunidad autónoma vasca, el máximo de los últimos diez años se anotó en 2002, con casi 3,3 millones, y el mínimo en 2006, con 2,6. Sin embargo, Euskadi ha registrado un acelerado descenso en el primer trimestre del año, hasta situarse en una media de 0,9 horas por cada trabajador ocupado a tiempo completo, frente a las 1,2 del conjunto de España, lo que constituye la distancia más alejada de la década.
El aumento del paro ha llevado de nuevo a las centrales sindicales y a otros sectores sociales de izquierdas a retomar la aparcada demanda del reparto del trabajo. La supresión de las horas extraordinarias sería la forma menos lesiva de aplicar esta fórmula, aunque su coste para las empresas, según las últimas estadísticas conocidas, sea algo inferior (15,81 euros frente a 17,62) al de la hora ordinaria.
Reparto del trabajo
La reivindicación del reparto del empleo es el argumento de los sindicatos para pedir una mayor intervención de la Inspección de Trabajo en el control de las irregularidades que se producen. Así lo ha señalado Javier López Irisarri, responsable de negociación colectiva de Comisiones Obreras de Euskadi, quien, tras reconocer que no se trata de incumplimientos generalizados, denuncia que su central ha constatado que algunas empresas de la industria y la construcción «se resisten a levantar» los expedientes de regulación de empleo y optan por las horas extras para cumplir sus objetivos. Algo «totalmente ilegal», subraya.
Pedidos no esperados y la organización de las vacaciones de la plantilla han sido las principales causas que han llevado a esta situación, explica. En algunos casos, los trabajadores en regulación de empleo no han podido acudir a los cursos de reciclaje que se imparten mientras tienen suspendido el contrato por las horas extras que han llevado a cabo. Incluso hay situaciones particularmente graves en la construcción, como la de una empresa que trabaja en una obra emblemática de Bilbao y que, según CC OO, hace horas extras «a tutiplén» tras despedir hace poco a medio centenar de operarios.
El sindicalista considera también «inmoral» que otras firmas del sector servicios y de montaje que no están en regulación hayan renunciado a contratar nuevos trabajadores para cumplir sus objetivos y recurran a la prolongación de la jornada.
Las horas extras y la regulación de empleo pueden contribuir a un otoño «caliente», alerta López Irisarri, y una opinión similar mantiene Felipe García, de la ejecutiva de UGT-Euskadi. La central socialista también ha constatado la existencia de empresas, en especial del sector del metal, que no tienen capacidad para hacer frente a los pedidos que les entran y que recurren a esta fórmula. «Se están haciendo cosas muy raras».
Publicado en: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090830/economia/horas-extras-frena n-creacion-20090830.html
El automóvil bajo la luz ámbar de los ERE y el vencimiento de las ayudas
La industria española del automóvil afronta los primeros pasos del nuevo curso bajo la luz ámbar -símbolo de la precaución- de los nuevos expedientes de regulación de empleo que se ciernen sobre las fábricas y el esperado vencimiento en un corto plazo de las ayudas directas a las compras.
Nissan ha sido la primera en despertar de la modorra agosteña con el anuncio de un nuevo ERE temporal para 2.025 trabajadores de las plantas de Barcelona y Montcada y que se aplicaría por un período máximo de 78 días.
La firma nipona puede ser la que mejor simboliza en España el problema de la caída productiva que va parejo a los desplomes de la demanda, pues a esta acción une el despido que acometió en julio de 698 trabajadores.
La empresa alega en este nuevo ERE una previsión de producción para este año de sólo 50.000 unidades, cuando en el ejercicio anterior saldó este apartado con 135.000.
En la fachada del nuevo curso surgen también los ERE puestos en marcha antes de las vacaciones estivales, además de los muchos y temidos interrogantes sobre la venta de Opel y el impacto que la misma pueda tener en la planta de Figueruelas (Zaragoza), en función de la elección del nuevo propietario.
En cualquier caso, se da por asumido un excedente laboral en esta factoría, pese a la alta valoración productiva que se le ha otorgado dentro del grupo, cuyo volumen dependerá de la estrategia de los nuevos gestores y de las presiones de la canciller alemana, Angela Merkel.
A la vertiente laboral de la industria se une otro capítulo no desdeñable y es la nueva ronda de negociación colectiva en algunos de los fabricantes con factorías en momentos clave para la adjudicación de inversiones y producción que garanticen su operatividad el próximo lustro.
Es el caso de Renault y de Ford. El primero no ha ocultado que los vericuetos de esta negociación serán punto de inflexión en la generosidad de París con la instalación de Valladolid, pendiente para su subsistencia de recibir un nuevo coche convencional, así como otro eléctrico.
La planta de Ford en Almusafes habrá de lidiar también con los tira y afloja de las reivindicaciones laborales y la predisposición de las multinacionales en los repartos de nuevos modelos.
El juego de cesiones y concesiones en esta materia ha sido muy intenso años atrás, por lo que los márgenes de maniobra se reducen con el consiguiente riesgo de radicalizar posiciones y abocar al sector, muy pacífico en los últimos años, a la conflictividad social derivada de las muchas necesidades y urgencias que lo acucian.
El mercado tampoco tiene el horizonte despejado, aunque los resultados de los últimos meses, al amparo de las ayudas del Plan 2000E, han amortiguado significativamente las caídas globales de más del 40% entre los meses de agosto de 2008 y abril de este año.
El efecto benéfico de estas ayudas ha invertido la tendencia, de negativa a positiva, en un canal de compras tan sensible como los particulares, el más rentable para un sector como el de los concesionarios que, simplemente, y no es poco, ha tomado aire paralizando la sangría de empleo que ha padecido en el duro periodo de los desplomes.
Ello no ha pasado desapercibido al sector, que ya se ha apresurado a clamar por una prórroga de las ayudas gubernamentales, avisado como está de que si un Plan VIVE, menos directo y más burocrático, culminó sus beneficios de vigencia anual seis meses antes de lo previsto, los fondos y operaciones del actual 2000E pueden agotarse bastante antes. EFE
Publicado en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=93076
Nissan ha sido la primera en despertar de la modorra agosteña con el anuncio de un nuevo ERE temporal para 2.025 trabajadores de las plantas de Barcelona y Montcada y que se aplicaría por un período máximo de 78 días.
La firma nipona puede ser la que mejor simboliza en España el problema de la caída productiva que va parejo a los desplomes de la demanda, pues a esta acción une el despido que acometió en julio de 698 trabajadores.
La empresa alega en este nuevo ERE una previsión de producción para este año de sólo 50.000 unidades, cuando en el ejercicio anterior saldó este apartado con 135.000.
En la fachada del nuevo curso surgen también los ERE puestos en marcha antes de las vacaciones estivales, además de los muchos y temidos interrogantes sobre la venta de Opel y el impacto que la misma pueda tener en la planta de Figueruelas (Zaragoza), en función de la elección del nuevo propietario.
En cualquier caso, se da por asumido un excedente laboral en esta factoría, pese a la alta valoración productiva que se le ha otorgado dentro del grupo, cuyo volumen dependerá de la estrategia de los nuevos gestores y de las presiones de la canciller alemana, Angela Merkel.
A la vertiente laboral de la industria se une otro capítulo no desdeñable y es la nueva ronda de negociación colectiva en algunos de los fabricantes con factorías en momentos clave para la adjudicación de inversiones y producción que garanticen su operatividad el próximo lustro.
Es el caso de Renault y de Ford. El primero no ha ocultado que los vericuetos de esta negociación serán punto de inflexión en la generosidad de París con la instalación de Valladolid, pendiente para su subsistencia de recibir un nuevo coche convencional, así como otro eléctrico.
La planta de Ford en Almusafes habrá de lidiar también con los tira y afloja de las reivindicaciones laborales y la predisposición de las multinacionales en los repartos de nuevos modelos.
El juego de cesiones y concesiones en esta materia ha sido muy intenso años atrás, por lo que los márgenes de maniobra se reducen con el consiguiente riesgo de radicalizar posiciones y abocar al sector, muy pacífico en los últimos años, a la conflictividad social derivada de las muchas necesidades y urgencias que lo acucian.
El mercado tampoco tiene el horizonte despejado, aunque los resultados de los últimos meses, al amparo de las ayudas del Plan 2000E, han amortiguado significativamente las caídas globales de más del 40% entre los meses de agosto de 2008 y abril de este año.
El efecto benéfico de estas ayudas ha invertido la tendencia, de negativa a positiva, en un canal de compras tan sensible como los particulares, el más rentable para un sector como el de los concesionarios que, simplemente, y no es poco, ha tomado aire paralizando la sangría de empleo que ha padecido en el duro periodo de los desplomes.
Ello no ha pasado desapercibido al sector, que ya se ha apresurado a clamar por una prórroga de las ayudas gubernamentales, avisado como está de que si un Plan VIVE, menos directo y más burocrático, culminó sus beneficios de vigencia anual seis meses antes de lo previsto, los fondos y operaciones del actual 2000E pueden agotarse bastante antes. EFE
Publicado en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=93076
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