Discapacidad e igualdad de trato

En nuestra comunidad autónoma nos encontramos con un total de 102.292 personas que sufren algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa un 10,23% para Extremadura, frente al 9% en España. En este grupo conviven desde las personas dependientes que necesitan apoyos específicos, a otro gran colectivo que está plenamente capacitado para tener una vida social y laboral autónoma. Sin embargo, en materia laboral, este grupo presenta una brecha respecto al conjunto de la población trabajadora, injustificada socialmente.

En España las políticas públicas de empleo para las personas con discapacidad son muy débiles y además se concentran sobre todo en el empleo protegido , mientras que la integración laboral en el empleo ordinario se promociona insuficientemente. Tenemos una ley para la integración de las personas discapacitadas, conocida como LISMI, que está en vigor desde el año 1982, en la cual se reconocía que la integración social también se alcanza a través de la participación en el mercado de trabajo, por lo que se promueve medidas como la cuota de reserva del 2% para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad en empresas privadas con más de 50 trabajadores. Esta es una medida que hoy en día, aún y aquí, asumiendo también como sindicato nuestra responsabilidad, no hemos sabido hacerla cumplir.


XADEMAS NOSx encontramos con una falta de información y sensibilización sobre el fenómeno de la discapacidad, origen de la pervivencia de muchos estereotipos que inciden negativamente en las posibilidades de inserción laboral de estas personas. La falta de información es muy notable en el caso del sector empresarial, especialmente en lo que se refiere a las posibilidades laborales de estas personas y a la vez, dentro del sector empresarial, la mayor desinformación se produce en las PYMES, responsables de la mayor parte del empleo de nuestro país, pero que no tienen acercamiento alguno con el mundo de la discapacidad.

Como consecuencia de esta falta de información, es difícil que la empresa se plantee las adaptaciones que se pueden hacer en determinados puestos de trabajo, que en algunos casos son más sencillas de los que se piensa, produciéndose dos fenómenos paralelos: Por una parte, existe una percepción a veces sesgada por una parte de los empresarios de que la adaptación al puesto de trabajo implica una inversión económica y crea problemas técnicos y humanos a la empresa. Por otro lado, se detecta una escasez de ayudas técnicas para estas adaptaciones, derivadas de un desconocimiento generalizado de las tecnologías que ayudan a paliar y contrarrestar su discapacidad.

CCOO participa de la idea de que es posible la plena integración de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de trato en el empleo que ofrecen las empresas consideradas normalizadas para el conjunto de las personas trabajadoras. Y para ello, se trabaja en que se incluyan cláusulas en los convenios colectivos que obliguen a las empresas ordinarias a cumplir con la cuota de reserva del 2% para las personas con discapacidad. Igualmente, se defiende la reserva de hasta el 5% en diferentes administraciones públicas, lográndose en la Administración extremeña un avance significativo en este sentido al suprimir ese límite y convertirlo en un mínimo exigible. También se reclama la adaptación de las pruebas de selección de acuerdo al tipo de discapacidad y adecuación del puesto de trabajo cuando la discapacidad es sobrevenida por un accidente laboral, de tráfico u otra causa.

En cuanto al empleo protegido, nos encontramos con dificultad para establecer relaciones normalizadas entre trabajador y empresa. Por eso habría que actuar, fundamentalmente en Centros Especiales de Empleo y en empresas colaboradoras que tengan un enclave laboral, en un encuadramiento profesional más diversificado para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, en correspondencia con las funciones que realizan, adecuando de la misma forma sus retribuciones a las funciones profesionales que desempeñan así como la adecuación de sus instalaciones y los puestos de trabajo a las necesidades de los y las trabajadoras en los términos señalados en la normativa de prevención de riesgos laborales. Todo ello, utilizando la herramienta con la que contamos todos los trabajadores, que son los procesos de Negociación Colectiva.

*Secretaria de Política Social de CCOO de Extremadura

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=274178