Empresas, sindicatos y Generalitat a favor de adaptar ley seguridad privada

El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, empresas de seguridad y UGT coinciden en la necesidad de modernizar la ley de seguridad privada para adaptarla a las nuevas demandas sociales, ya que el sector podría dar empleo a 20.000 vigilantes más en España, 3.000 de ellos en Cataluña.

La ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada regula el acceso a esta profesión, integrada por unos 123.000 vigilantes, las atribuciones y obligaciones de las empresas de seguridad, de los vigilantes, los jefes de seguridad, los escoltas privados, de los guardas particulares del campo, y de los detectives privados, así como las infracciones y sanciones.

'Esta ley se ha quedado desfasada y no nos permite contratar a los 20.000 trabajadores que necesita el sector en España en estos momentos', ha explicado a Efe el vicepresidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) en Cataluña, Xavier Martorell.

Martorell, que fue director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat con CiU, ha pedido que la modificación de la ley permita contratar como vigilantes de seguridad a personas extracomunitarias, algo que la actual ley no contempla, 'con todos los controles y garantías que la administración imponga'.

'No es lógico que el Ejército acepte por ejemplo a ciudadanos sudamericanos con permiso de residencia, y que las empresas de seguridad no los puedan contratar como vigilantes', ha puesto como ejemplo Martorell.

El vicepresidente en Cataluña de Aproser, que agrupa al 80% de las empresas de seguridad privada en España, ha pedido también que se 'redefina el papel del vigilante de seguridad', y sobre todo que se agilicen los trámites para poder acceder a esta profesión.

Según Martorell, los responsables del Ministerio del Interior ya han comenzado a reflexionar sobre esta necesidad del sector.

Las empresas de seguridad privada también están dispuestas a iniciar un diálogo con la administración para redefinir el papel de los vigilantes privados, un rol que se ha puesto a debate esta semana tras la muerte el pasado sábado de un ladrón tiroteado por el jefe de seguridad del Grupo Tous mientras estaba en un coche en la vía pública de una urbanización.

El Ministerio del Interior, según el directivo de Aproser, también se está planteando modificar la ley porque el Tribunal Europeo ha censurado las restricciones que impone el gobierno español para que se implanten empresas europeas del sector.

Igualmente, el sindicato UGT de Cataluña ha pedido esta semana al Gobierno un cambio de la ley de Seguridad Privada.

La central sindical considera que la actual normativa 'está totalmente desfasada', por lo que ha expresado su intención de seguir negociando con el Departamento de Interior de la Generalitat para que esta consellería impulse la propuesta de modificación de la legislación en Madrid.

Por su parte, también el secretario general de la consellería de Interior, Joan Boada, ha defendido que 'se tiene que actualizar la ley de vigilancia privada para adecuarse a la nueva delincuencia', aunque ha insistido en que una mejor seguridad ciudadana pasa por 'ir a la raíz de las situaciones sociales que la provocan'.

En España hay más de 123.000 vigilantes de seguridad, de los que unos 40.000 van armados, y de estos, más de 9.000 trabajan en Cataluña.

Las empresas de seguridad del sector privado facturaron en España el año pasado en torno a los 3.000 millones de euros, un 5% más que los 2.850 millones del ejercicio precedente.


Fuente: http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo