domingo, 29 de noviembre de 2009

La economía española en la mira de 'The Economist'

El semanario británico hace un análisis de los principales problemas por los que atraviesa la economía española. El desempleo es uno de los principales obstáculos que frena el crecimiento de España. Mientras no haya reformas al sistema laboral el crecimiento del país deberá seguir dependiendo del resto de Europa.

Mientras otras economías de la Unión Europea han logrado salir de la crisis en lo que va del año, la española se ha contraído por sexto trimestre consecutivo. Sin embargo, en comparación con otros países, no ha tenido tan malos resultados. Por ejemplo la caída del 0,3 por ciento del PIB no se compara con la que ha sufrido Gran Bretaña y países como Alemania o Italia han experimentado caídas aún más grandes.

“El problema es que la recesión ha golpeado a España de forma aún más profunda”, explica The Economist. Por lo que hasta los pronósticos más optimistas auguran una recuperación lenta y difícil que llegará quizá en el 2011.

Con la segunda tasa de desempleo más alta de Europa, “España da muestras de que tenía serios problemas estructurales mucho antes de que la burbuja inmobiliaria explotara en el 2007, por lo que entró a la crisis de forma debilitada”, opina la revista británica.

Por su parte, el Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por fin ha admitido que el ‘boom’ de la construcción fue toda una falacia. De hecho, 900 mil personas que engruesan las filas del paro provienen de esta industria, una masa de trabajadores ‘no calificados’ que han perdido su empleo para siempre.

A pesar de la situación, Zapatero el ‘eterno optimista’, para The Economist, insiste en afirmar que la recuperación ya está en marcha y que le potencial de crecimiento de España se mantiene por encima de la media europea. “El problema es que el Presidente de Gobierno ha perdido toda credibilidad”, dice el semanario.

Por ahora su gobierno planea una ley de “economía sostenible”, como parte de su estrategia de crecimiento con miras al 2020. “Un proyecto de buenas intenciones y pocas medidas, que sólo incluye una modesta liberalización y la promoción de energías renovables”, opina The Economist y comenta: “El plan no incluye reformas al mercado laboral que faciliten el despido de trabajadores, ya que esto enfadaría a los sindicatos amigos del Sr. Zapatero”.

El sistema laboral español es para muchos no sólo ineficiente sino injusto. La mitad de los trabajadores cuenta con un contrato permanente que hace casi imposible y muy costos los despidos. El resto de los empleados se encuentran en el limbo de los contratos temporales, a un paso del desempleo. “Estos últimos fueron los primeros en perder su empleo cuando comenzó la crisis”, recuerda The Economist.

Y aunque Elena Salgado, Ministra de Finanzas, insista en que esta situación ayuda a flexibilizar el sistema, esto afecta directamente a la productividad. “Los trabajadores ineficientes con contrato permanente están protegidos, por lo que no hay ningún incentivo para contratar a nuevos trabajadores o capacitar a los jóvenes y temporales”, arremete el semanario económico.

The Economist pronostica que las filas del paro se verán engrosadas por los despidos en pequeñas empresas que no podrán resistir las estrictas leyes laborales y la falta de créditos. “Si no hay un cambio en las leyes, muchas empresas estarán en riesgo de quebrar”, dice e insiste “entre más desempleo mayores costos para el Estado y la economía”.

Desafortunadamente, el deterioro de las finanzas públicas en España está limitando la acción del gobierno. “Los planes para incrementar el impuesto sobre la renta y las ventas sólo arrebata el poder adquisitivo de los consumidores”, dice la revista. Hasta Goldman Sachs ha pronosticado un modesto crecimiento a finales de año, seguido de caídas que llevarán a cifras negativas durante un 2010 lleno de baches.

Con un déficit público y pocas reformas en la mira, The Economist pregunta de ¿dónde vendrá el crecimiento de España? Por ahora la respuesta la encuentra en el resto de Europa, que adquiere dos tercios de las exportaciones españolas. “España seguirá dependiendo del buen o mal desempeño de países como Alemania y Francia por un buen tiempo, ojalá que un día el país ibérico pueda hacer más para ordenar su propia casa”, concluye el editorial de la revista económica británica.

Publicado en: http://www.expansion.com/2009/11/27/opinion/1259313005.html

Desempleo español busca fórmula alemana

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los principales sindicatos en España quieren parar la hemorragia de desempleados (20%, la más alta de la UE) con una formula alemana (kurzarbeit) que combina jornadas de trabajo parciales con el cobro de subsidios públicos.

Para varios expertos en el tema la medida es un parche que llega demasiado tarde y, subrayan, "España no es Alemania".

La idea sería evitar los despedidos, aunque los trabajadores ganen menos, y reducir el costo para el Estado que no tendría que pagar subsidios completos de desempleo.

Así lo han manifestado la vicepresidenta económica Elena Salgado y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. "En Alemania hay 1,5 millones de personas que tienen reducida la jornada laboral", ha señalado Corbacho.

La medida que cuenta con el apoyo de los principales sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) será el principal tema de negociación en las próximas semanas.

"Este modelo ya existe en España pero no se utiliza porque es más fácil no renovar contratos temporales que organizar el trabajo. Con su aplicación podríamos salvar más de 450.000 empleos", comentó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.
Un parche de último momento

... podríamos salvar más de 450.000 empleos

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO

Para Sara de la Rica, catedrática experta en mercado laboral de la Universidad del País Vasco, la propuesta llega "16 meses tarde cuando ya se han destruido cuatro millones de puestos de trabajo. No entiendo por qué llega hasta ahora. Mi sensación es que los sindicatos protegen a un trabajador con contrato indefinido, de unos 50 o 55 años de edad, que ahora tiene temor de quedar desempleado", comenta a BBC Mundo.

De la Rica forma parte del grupo Crisis 09 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que reúne a 100 de los principales economistas de España y que propone una reforma laboral urgente.

"El contrato alemán es un parche en una España con muchas fugas de agua. Hay que suprimir la dualidad entre contratos fijos y temporales, instaurar un contrato único, acabar con la temporalidad", explica a BBC Mundo el profesor de economía de la Universidad de Oviedo, Florentino Felgueroso, impulsor del grupo Crisis 09.
Sara de la Rica

"¿Por qué los sindicatos no han hablado antes de compartir horas de trabajo? Esta es una medida para que los indefinidos no pierdan el empleo"

Ambos expertos explican cómo tradicionalmente en España en épocas de crisis los ajustes de las empresas se hacen vía no renovación de trabajadores temporales que luego se acogen a los subsidios de desempleo.

"Es la medida más barata pero también una de las causas de la baja productividad, de la poca formación, de la discriminación de inmigrantes, jóvenes o mujeres. No se invierte en la formación de estos empleados, no se les retiene. La formación en España está al nivel de Rumanía, Bulgaria y Hungría", anota Felgueroso.

"Con este modelo volátil", aclara, "hemos creado muchos puestos de trabajo en los últimos años pero cuando las cosas van mal también destruye mucho empleo".
España no es Alemania

"El esquema alemán es fuertemente industrial con una mano de obra que tiene una capacitación media o alta porque ha recibido formación. El empresario no quiere despedir a su empleado porque le ha costado dinero. Este modelo sólo se podría aplicar en algunas empresas españolas", detalla De la Rica.

Desde Crisis 09 los expertos vaticinan que el kurzarbeit no funcionará y que, además, se prestará para fraudes.

"Es muy difícil supervisar jornadas parciales con subsidios públicos, máxime en un país como España donde se utilizan mucho las subvenciones de empleo. Además, no ha habido una estimación real del coste para el Tesoro Público que ya tiene un déficit alarmante", puntualiza Felgueroso.

Desde el extranjero, sus colegas de economía suelen preguntarle por qué a pesar del crudo panorama laboral que atraviesa España, no hay revueltas populares. "Tenemos una tasa de 20% de desempleo y hasta el momento no ha habido una huelga general. En Francia cuando el empleo se ha resentido uno o dos puntos la gente ha salido a la calle a protestar. En España no, por el sistema de ajuste que tenemos. Quien que se queda sin trabajo se va a su casa a cobrar el subsidio de desempleo", comenta el experto.

Publicado en: http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/11/091118_1704_espana_desempleo_al emania_jrg.shtml

domingo, 22 de noviembre de 2009

Dos propuestas de reforma laboral

El mercado laboral español ha vuelto a mostrar que destruye demasiado empleo en las recesiones. Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009, la caída de la tasa de crecimiento de la UE a 27 ha sido del 4,9% y, sin embargo, el empleo ha caído sólo un 1,9%. Por el contrario, en España el crecimiento ha caído un 4,25%, y el empleo, un 7,2%, es decir, 1,7 veces más que su crecimiento y 3,7 veces más que en la UE, a pesar de sufrir una recesión menor.

Como continuación de mi anterior artículo en estas mismas páginas (18-10-2009) en el que explicaba los problemas que padecía el mercado laboral español, en éste muestro dos propuestas de reforma laboral que están basadas en un sustrato teórico y empírico muy sólido y que conviene tenerlas muy en cuenta.

La primera es la propuesta de "reactivación laboral en España" (www.crisis09.es), llamada también "de los 100 economistas", que yo mismo he apoyado interviniendo en su presentación a los medios y que es un intento muy meritorio de conseguir una solución que pueda ser viable hoy mismo. Las cuatro medidas que propone son las siguientes:

Primera, en cuanto a la dualidad laboral, propone que, a su entrada en vigor, sólo exista un contrato laboral indefinido, cuyas indemnizaciones por despido sean crecientes por cada año de servicio, desapareciendo la maraña de los 16 contratos laborales actuales (salvo el de interinidad para sustituciones por baja temporal). Este contrato único unificaría las causas de despido, manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias. Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los ocho días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos años, y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del quinto año que debería aproximarse al de la media europea, es decir, bastante por debajo de los 45 días actuales. En todo caso, propone que no deberían superarse los costes medios actuales al diseñar su escalado anual. Esta propuesta permitiría reducir la dualidad laboral, aumentar la productividad, reducir el desempleo en las recesiones y servir de base del nuevo modelo productivo.

Segunda, en cuanto a la protección por desempleo, propone, a corto plazo, seguir aumentando transitoriamente el gasto en prestaciones, alargando su duración hasta que la situación económica mejore, siempre que los recursos presupuestarios lo permitan. A medio plazo, propone aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si queda parado o si necesita formación y, además, puede acumular lo que quede en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y aumentarlas a las que suelan despedir más.

Tercera, en cuanto a la negociación colectiva, propone modernizarla, ya que la estructura actual de los convenios colectivos sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a sus necesidades productivas y frenando su productividad. Para ello propone cambiar su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior, permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.

Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor cualificación, que son los que padecen periodos más largos de desempleo, para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o de inserción tenga en cuenta la situación particular determinada de cada trabajador parado y poder generarle incentivos y oportunidades para conseguir que salga del paro. Asimismo, propone una evaluación de todas estas actividades para ayudar a mejorar su diseño y su gestión, asignando más recursos a los programas, agencias y empleados públicos que muestren mejores resultados.

Finalmente, propone ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas en su provisión y gestión, dando así mayores oportunidades de elección a los trabajadores.

La segunda propuesta es la del servicio de estudios económicos del BBVA: "Tres reformas estructurales para el mercado laboral español" (situación España, marzo 2009), que es similar pero complementaria de la anterior y que propone las tres medidas siguientes:

Primera, respecto a la dualidad del mercado laboral, opta también por una solución mixta: por un lado, aplicar el modelo austriaco de un seguro de despido individual, pagado con las cotizaciones sociales, que tiene la ventaja de que puede llevarlo consigo a otra empresa, facilitando la movilidad y, si no es despedido, puede revertirle en forma de capital al jubilarse, pero el inconveniente de que puede estimular los despidos, ya que, al ser un seguro, el coste marginal de despedir un trabajador es cero, con lo que propone penalizar a las empresas que más despidan elevando sus cotizaciones. Este seguro sería financiado por un 1,8% del salario bruto anual, gestionado por la Seguridad Social. Por otro, introducir un solo contrato indefinido cuyos costes de despido sean, por ejemplo, de 8, 12, 16 y 20 días por año trabajado en los cuatro primeros años y de 20 días a partir del cuarto año.

Segunda, respecto a la negociación colectiva, aconseja una fuerte descentralización. Por un lado, suprimiendo la eficacia general automática de los convenios de ámbito superior al de empresa y dejando que sea voluntaria; limitando la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad; generalizando las cláusulas de descuelgue, eliminando las cláusulas de salvaguardia o haciéndolas simétricas, o directamente indiciando el salario a la productividad por ocupado en cada empresa. Por otro, manteniendo los niveles de negociación colectiva actuales, pero cada uno con su especialización. Los estatales, negociando sólo aspectos generales como modalidades de contratación, fiscalidad, régimen disciplinario o formación continua. Los de rama, negociando lo que afecte al conjunto del sector, como seguridad e higiene. Y los de empresa, negociando la duración de la jornada, la movilidad funcional y geográfica y los costes salariales que afecten a la competitividad y eficiencia de cada empresa.

Tercera, respecto a la carga tributaria sobre el empleo, propone reducir permanentemente las cotizaciones a cargo de las empresas o autónomos, financiándolas con un ascenso del IVA, para así poder aumentar el nivel de empleo estructural, robustecer la capacidad de financiación de la economía, mejorar la capacidad de ajuste del mercado ante la recesión y el desequilibro exterior y mejorar la competitividad de las empresas, ya que equivale a una reducción de sus costes laborales. Calcula que una reducción de 3,5 puntos de las cotizaciones sociales compensada con una subida del IVA de 2 puntos porcentuales aumentaría el empleo a tiempo completo en un 1,4% y un 0,55% el PIB, en el primer año, y un porcentaje similar o superior en los siguientes.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/propuestas/reforma/laboral/elpe pueconeg/20091122elpneglse_4/Tes

El crédito que no llega

Los 105 trabajadores de Alogarsa todavía no han cobrado la nómina de este mes. Sus propietarios no disponen de liquidez para pagar los salarios a pesar de los beneficios de la compañía, de que la buena marcha del negocio hizo que en el último año aumentara la plantilla en 35 personas y de que las subvenciones que recibe de la Junta de Castilla-La Mancha por emplear a discapacitados nunca han fallado. Todos estos factores no han impedido que la tesorería de esta empresa toledana esté temblando a causa de la negativa a renovar las líneas de crédito por parte de bancos y cajas. Justo las mismas entidades que hasta hace un par de años no ponían ningún problema para dar financiación a raudales.

"Hemos recibido una subvención cercana a los 400.000 euros. Con este dinero deberíamos haber pagado nóminas y haber sufragado unas inversiones en las que nos habíamos metido. Antes, cuando nos concedían una ayuda oficial, bastaba con que mostráramos al banco el documento que lo acreditaba para que nos hiciera un descuento, pero ahora se niegan en redondo". Lo cuenta Fernando Alonso-Rodríguez, dueño de este centro especial de empleo en el que el 97% de los trabajadores tienen una discapacidad. Las palabras de Alonso-Rodríguez se ajustan como un guante al discurso que llevan meses desplegando los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, sobre una banca que les ahoga hasta convertir en irrespirables estos días de crisis.

Cada día, 500 autónomos españoles pierden su trabajo. Cada semana, unas 4.000 pequeñas empresas echan la persiana. Al menos eso es lo que dicen las asociaciones de autónomos. Y apuntan directamente a las entidades financieras como principales culpables, por cerrar el grifo del crédito. "Hemos pasado de ser el mejor cliente para bancos y cajas de ahorros a convertirnos en un problema que no saben cómo quitarse de encima. Los autónomos pedimos de media entre 30.000 y 40.000 euros en líneas de crédito a corto o medio plazo. Ahora no se renuevan y eso genera nóminas sin pagar y una cadena interminable de morosidad", comenta Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.

No es que a todos se les deniegue el crédito, sino que se les limita la financiación al aplicar una receta de tres ingredientes: encarecer los préstamos, recortar su importe y aumentar las garantías. Éstas son las principales quejas de quienes acuden a las ventanillas de bancos y cajas a por dinero. Y son ciertas, al menos en parte. Lo reconocen los portavoces de las propias entidades. "El riesgo de impago es mayor y lo prudente es cobrar más esa prima para hacer frente a la posible morosidad", comenta un alto ejecutivo bancario.

Las entidades se refugian -quizá para evitar cargar con todas las culpas- en las indicaciones del Banco de España. El supervisor les exige extremar la prudencia, es decir, dar dinero sólo a los proyectos viables y a quienes lo pueden devolver. Lo que no dicen es por qué bancos y cajas no hicieron caso a las continuas peticiones de los últimos gobernadores del Banco de España, que desde 2004 advertían del riesgo que suponía dar créditos por más del 100% del valor de un piso a precios mínimos.

Precisamente ése es el pasado que ha propiciado la crisis presente. Ahora ha llegado la sobrerreacción. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), comenta que los tipos de interés de los créditos han pasado del 7% al 10% en los últimos meses. Las estadísticas del Banco de España no reflejan una subida tan fuerte, pero sí indican que los tipos de los préstamos están en niveles altos. A la vez, se están estrechando los márgenes del negocio de los empresarios, lo que complica extremadamente la situación. Más costes financieros y menos ingresos. Mala ecuación.

Una buena muestra del descontento empresarial es la encuesta mensual sobre financiación que elabora el Consejo de Cámaras de Comercio desde el pasado enero. Este informe arroja una aplastante mayoría de pymes molestas con sus prestamistas. El 84% de las consultadas, lo que supone más de 1,1 millones de negocios, declaró haber tenido problemas para acceder a financiación externa en septiembre. El pico del descontento se tocó en abril, cuando este porcentaje llegó al 89%. De los que declaraban tener problemas, el 13% -es decir, 128.000 establecimientos- se quedó sin ningún tipo de financiación.

Pero las empresas no se quejan sólo de que el flujo de dinero haya caído. Cuatro de cada diez notan cómo se ha ido dilatando el plazo que tenían las entidades financieras para responder a sus peticiones y dos de cada tres considera que se ha encarecido el coste de la financiación. El mismo porcentaje afirma que han aumentado las exigencias de garantías y avales por parte de bancos y cajas.

"Lo más sangrante es que la mayor parte de estas peticiones tratan de financiar circulante, es decir, que buscan fondos para mantener el día a día de la empresa, no para grandes inversiones nuevas", dice Raúl Mínguez, analista de las Cámaras de Comercio. "Ese 13% que no consigue la financiación externa tiene que recurrir a otras fuentes, como el ICO, las sociedades de garantía recíproca o, en muchos casos, los socios acaban teniendo que aportar más capital", explica. Éste es el caso de Benjamín Martín, que ha tenido que aportar 180.000 euros de su patrimonio para salvar la asfixia financiera que sufrían sus dos empresas situadas en el municipio madrileño de Humanes, una dedicada a la venta de material eléctrico y la otra, a las instalaciones eléctricas y la climatización. "Entre Humelec y Promonel facturamos 1.700 millones de pesetas [casi 10 millones de euros]. Y hablo en pesetas porque con el euro no me aclaro, y además estoy en contra de esa moneda", comenta entre risas.

"Por ahora no hemos tenido que devolver ni una letra a un proveedor, ni se ha retenido el pago de una nómina, pero sólo gracias a que he puesto dinero de mi bolsillo. Quince días antes de que venciera una línea de crédito nos llamaban del banco para decir que nos la bajaban un 25% o un 30%. Y no podíamos hacer nada. Para poder trabajar, los bancos piden garantías que triplican el valor de lo que te prestan, suben los intereses y te generan una situación de frustración tremenda", se queja Martín, que lleva casi 30 años al frente del negocio. "Aunque es un consuelo ver que en los últimos meses los bancos se han calmado un poquito", añade.

"Los directores de sucursales no tienen ahora el más mínimo poder. Antes podían decidir sobre operaciones de hasta 100.000 euros aproximadamente, pero ahora todo lo manejan los gestores de riesgos de las centrales. Los trámites que antes se hacían en tres o cuatro días a través del director de la sucursal se alargan hasta un mínimo de mes y medio, y esto no hay nadie que lo resista", comenta Alonso-Rodríguez, el dueño de Alogarsa, la compañía que emplea a discapacitados preparando cestas de Navidad o las bolsitas de comida que se reparten en los aviones de Iberia.

La pérdida del factor humano en la evaluación del riesgo se debe a que en el último año las entidades han afinado al máximo las máquinas que prejuzgan si se puede dar un crédito a un cliente. En el sector se denomina scoring de riesgo. Son implacables, como demuestra el caso de José María Ferrero, empresario yesista en León. El Santander le había preconcedido un préstamo por 16.000 euros, pero mientras realizaba los trámites tuvo un descubierto de 84 euros porque le pasaron al cobro unos seguros con los que no contaba. Saltaron las alarmas en la máquina de scoring y fue imposible conseguir el crédito, pese a que era cliente desde hace tiempo de esta entidad.

Aquellos 84 euros le convirtieron en un potencial moroso. El Santander exigió el aval de una persona empleada fija. "Por desgracia, nadie de mi familia cumple ese requisito ahora porque tienen trabajos temporales", comenta Ferrero. Peregrinó por Caja España ("sólo daban créditos a los clientes de toda la vida"), por Caja Madrid ("mi declaración de la renta era demasiado baja") y por otras entidades hasta que se le ha abierto el cielo con La Caixa, que estudia concederle el préstamo.

Lo que le ha ocurrido a Ferrero sucede en otras entidades, que también recortan el importe de los créditos y acortan los plazos. En el fondo, la estrategia es la misma: aminorar el riesgo. Pero quizá el mayor problema está en la elevación de garantías y avales, que es una barrera casi insalvable para pequeños empresarios. "El drama de muchos autónomos es que han garantizado créditos con su vivienda y si dejan de pagar, pueden perder el negocio y su casa", apuntan desde la ATA.

Pero no son sólo los empresarios. Hace meses que sobre los tradicionalmente intocables banqueros llueven las críticas. Al carro se han apuntado, de una manera más o menos velada, los políticos, que achacan a la banca su falta de compromiso para reanimar una economía en estado de coma. "También pienso pedir, con toda mi fuerza y mi convicción, el apoyo a los bancos, a los que he respaldado como todos los gobiernos para su estabilidad. Éste no es el momento de grandes beneficios, éste es el momento de apoyar el crédito y la financiación de las empresas y de las familias en nuestro país", clamó el presidente del Gobierno en un mitin en Lugo ante 5.000 personas el pasado mes de febrero. Al día siguiente, ya alejado de las multitudes y de los militantes, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró el mismo mensaje a los mandamases de las finanzas españolas.

Sin embargo, la situación no ha mejorado, como reconoció el viernes pasado el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Javier Vallés, quien admitió que la restricción crediticia en España es "todavía muy severa" y defendió que el Gobierno ha trabajado para canalizar crédito a empresas y familias solventes. Subrayó que es un objetivo "muy ambicioso", entre otras razones por la fuerte necesidad de desapalancamiento y reestructuración que han de llevar a cabo alguno

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/credito/llega/elpepueconeg/2009 1122elpneglse_2/Tes

domingo, 15 de noviembre de 2009

En diciembre y enero se destruirán 250.000 empleos

Un estudio prevé que en el cuarto trimestre del año se destruyan 190.000 empleos, lo que llevará la tasa de paro hasta el 19%, incluso aunque vuelva a reducirse la población activa.

La destrucción de empleo en España volverá a agravarse entre diciembre y enero, meses en los que la cifra de ocupados se reducirá en cerca de 250.000 personas, según un estudio elaborado por la patronal de las grandes empresas de trabajo temporal Agett y Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Agett y AFI advierten de que a finales de año se iniciará "una nueva fase de deterioro en el mercado de trabajo, condicionada por una estacionalidad menos favorable y por el paulatino agotamiento de las medidas del Plan E".

El informe estima que el año se cerrará con poco más de 18,5 millones de ocupados, lo que supone 1,1 millón de empleos menos que hace un año y casi dos millones por debajo del pico de septiembre de 2007.

También advierte de que la tasa de probabilidad de permanencia en el desempleo, es decir, de no encontrar un trabajo, aumentó en el tercer trimestre en casi 12 puntos porcentuales, pasando de un 49,3% en 2008 a un 61,1% en el ejercicio actual.

Publicado en: http://www.expansion.com/2009/11/15/economia-politica/1258304378.html

No deje pasar esta crisis sin sacar provecho

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, provocó tímidas sonrisas en el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo cuando les espetó a sus señorías: "Nunca desaprovechen una buena crisis". Lo cierto es que la frase no la patentó Clinton, sino Rahm Emanuel, jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, y reza exactamente: "Nunca desaproveches una crisis grave, te da la oportunidad de hacer las cosas que no podrías hacer en otro momento". Emanuel se refería a la penosa situación económica mundial, pero el mismo llamamiento puede extrapolarse a multitud de situaciones humanas y sociales porque una crisis supone, en definitiva, una etapa de cambio. Y todo cambio abre ante sí un amplio abanico de oportunidades y retos. Sacar provecho de este horizonte por construir depende, en primer lugar, de uno mismo y de la intensidad de nuestra catarsis.

El refranero español está repleto de sentencias sobre el asunto: "Sacar fuerzas de la flaqueza" o "Hacer de la necesidad virtud". Ambos dichos actúan de acicate sobre el individuo porque, muy inteligente e irónicamente, se intenta pinchar sobre las debilidades del carácter español, en su mayor parte conformista y resignado. Frente a éste esconder la cabeza bajo el ala, el anglosajón prefiere el "Yes, I can" (Sí, puedo hacerlo).

"La crisis es un momento de cambio y catarsis. No lo es para toda la sociedad ni para todos los individuos, por supuesto, porque todos reaccionamos de forma diferente. Pero para una serie de personas puede resultar un revulsivo porque provoca la necesidad de pensar. La estabilidad genera rutina y la filosofía del voy haciendo, voy tirando te va arrastrando", comenta el sociólogo Xavier Riudor. "Cuando se interrumpe tu vida normal -un divorcio, entrar en el paro, un cambio de domicilio- se abre un periodo nuevo y puedes hacer cosas que antes no harías. Con las crisis rompes ese ritmo habitual y provoca que puedas cambiar de trayectoria", incide Enrique Gil Calvo, también sociólogo. Y Alfons Cornella, presidente-fundador de Infonomia -la red de innovadores más influyente del país- apunta: "Todas las grandes empresas salieron de alguien que creaba mientras pasaba noches sin dormir pensando en cómo pagaría las nóminas".

Pero ¿los españoles estamos aprovechando este momento de cambio y crisis para autoimponernos nuevos retos y objetivos? La mayoría de sociólogos consultados opina que no, al menos no se asumen retos que puedan significar un cambio vital y de hábitos, es decir, dar una vuelta de 180 grados a nuestro estilo de vida. Se están modificando, eso sí, pequeñas actitudes porque la gente está más concienciada sobre la realidad y acepta que hay que hacer sacrificios: menor consumo o medidas vinculadas a la sostenibilidad, como por ejemplo un incremento del uso del transporte público. "En épocas de crisis se dan más facilidades para introducir una serie de medidas que en otros momentos encontrarían mayor resistencia social", opina Riudor. Y apunta la retirada, justamente ahora, de las bolsas de plástico en algunos supermercados.

Algunas empresas han aprovechado esta situación para lanzar nuevos productos ligados a imponerse objetivos. La cadena de gimnasios Dir de Barcelona, al principio de la crisis en 2008, inició justamente un programa denominado El Reto en el que cada persona se impone sus propias metas en una escala de tres graduaciones. El éxito ha sido apabullante. "No se trata de subir al Aconcagua o de tener un cuerpo 10, sino de sentirse mejor, de liberar endorfinas", comenta Carmen Barceló, jefa de comunicación. Y añade que el gimnasio es de las últimas actividades que se abandonan en situaciones de apuro económico.

En el hospital de Bellvitge de Barcelona, en la unidad de deshabituación del tabaco, el doctor Sergio Morchón siempre intenta que el paciente asuma otros cambios en su estilo de vida más allá del propio abandono del cigarrillo, por ejemplo practicar ejercicio físico y llevar una dieta equilibrada. Es decir, que todos los cambios siempre vayan acompasados. Sin embargo, en esta unidad no han notado un incremento de pacientes por la crisis.

Pero éstas son sólo tímidas transformaciones que en nada ejemplifican el comportamiento general de los españoles ante la crisis económica, pues la mayoría optará a que escampe el temporal. Gil Calvo entiende que "en una cultura tan fatalista como la nuestra optamos por comportarnos como un caracol, tendemos a replegarnos. Creo que esta es la cultura dominante". Y según el sociólogo Javier Elzo, de la Universidad de Deusto, "en España cargamos toda la responsabilidad al Estado, porque creemos que son los malos. Es una actitud acomodaticia, quejica, poco responsable que me da mucho miedo".

Una encuesta realizada por Adecco, una empresa de trabajo temporal, entre 1.000 individuos en situación de desempleo [véase cuadro adjunto] aporta algunos datos a esta teoría. El 54% de los encuestados no está realizando ningún curso de formación para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. En cambio, el 16% estudia para presentarse a unas oposiciones de la Administración y el 46,5% se lo está planteando. Igualmente, según otro sondeo de la Universidad de Cádiz, casi el 53% de los estudiantes contempla su futuro profesional en el funcionariado, mientras sólo el 20% se ha planteado ser autónomo, es decir, espabilarse por su cuenta. No obstante, 132.000 adultos -22.500 más que hace cuatro años- se han matriculado este año en España para obtener el graduado escolar.

"¿Los jóvenes optan por el funcionariado porque realmente están motivados o porque existe una motivación extrínseca?" se pregunta Alfons Cornella, de Infonomia. Y se responde: "Los jóvenes están sumergidos en un pesimismo extrínseco, no porque quieran, sino porque el mismo entorno les empuja. Aquí el extrínseco se nos come, es como un negativismo total".

Cornella, cuyo lema es Cada día, una nueva idea, sostiene que existen dos tipos de motivaciones para que la gente se mueva, opte por el cambio y salga de su apalancamiento: las extrínsecas y las intrínsecas. Las primeras representan los estímulos del entorno social, que en estos momentos son claramente negativos por la crisis económica, mientras que los segundos corresponden a los retos personales.

Y es aquí donde las diferencias entre el mundo anglosajón y el latino están más acentuadas. En España, comenta, "el estado mental social nos determina más que el estado mental personal" porque las motivaciones extrínsecas son la familia, los amigos, la fiesta y la diversión. En cambio, en Estados Unidos por ejemplo, el emprendedor tiene la consideración de héroe y se dice a sí mismo: "Tú puedes conseguir riqueza mediante el esfuerzo con independencia de lo que piense el entorno". En 2008, los únicos países europeos que incrementaron el número de trabajadores autónomos fueron los bálticos, Finlandia (10,6%), Noruega (3,5%) y Dinamarca (2,9%); y los centroeuropeos, Croacia (10,9%) y Eslovaquia (10,2%). Mientras, España ha perdido el 2,8% frente a Suecia, que lo hizo el 0,1%.

Dos elementos influyen en esta especie de adormecimiento y de escaso riesgo del latino: el miedo al fracaso y al qué dirán. En la cultura anglosajona el fracaso se valora como un paso previo hacia el éxito porque las empresas fallidas aportan experiencia y capacidad para no cometer los mismos errores. Como señala Cornella: "Del miedo al fracaso se pasa al miedo al riesgo. Y sin riesgo no hay innovación, no hay futuro". Y el qué dirán corresponde a esa influencia del entorno extrínseco de la familia y los amigos tan negativo. "Aquí el go west no funciona", agrega.

Otro ejemplo, mientras en Estados Unidos los estudiantes eligen las mejores universidades con independencia de la ciudad en que se hallen, en España se elige casi siempre la universidad de la esquina. Bien cerca del nido familiar. Otro tanto sucede con la escasa movilidad geográfica a la hora de buscar un empleo.

Sin embargo, el sociólogo Xavier Riudor se muestra un tanto optimista con las nuevas generaciones. "Aquí el fracaso es una especie de estigma, y lo alargamos de forma innecesaria. Pero creo que entre los jóvenes está percepción está cambiando, aunque muy poco a poco. Los jóvenes están acostumbrados al fracaso, a perder. Fijaos en los videojuegos: fracasan continuamente y no pueden pasar a la siguiente pantalla si no superan la anterior. Y no se rinden, porque la experiencia que acumulas te sirve para ganar e ir saltando de pantalla".

¿Qué hacer, por tanto, si uno decide emprender el vuelo por su cuenta? Lo primero, ser consciente de que la experiencia que vamos a iniciar será arriesgada, que nuestra nueva vida será una aventura y que, a partir de entonces, no podremos contar con el cálido apoyo de la organización. "Fuera hace mucho frío. Todo el mundo sabe viajar en transatlántico, pero remando a uno le salen callos en las manos", agrega Cornella. Por su experiencia, las empresas del futuro en Occidente serán unipersonales y, en definitiva, hay un inmenso campo por explorar y en el que arriesgar.

Otro obstáculo será la búsqueda de financiación y, en estos momentos, las entidades no están por la labor. "El problema principal que existe en España es la falta de apoyo financiero. Estamos muy verdes en esto. Nos falta pulmón financiero que apueste por estos nuevos productos, por estas iniciativas personales, por nuevos negocios. La gente con ganas existe pero el entorno no favorece", precisa Xavier Riudor.

Entre los expertos, por tanto, se impone el pesimismo pues entienden que en una situación de crisis lo primero es aprovechar para sobrevivir y que, de ninguna manera, se producirá el verdadero cambio que necesita nuestra sociedad. "En España la crisis externa y la crisis interna han emergido simultáneamente. Esta crisis hubiese llegado de todas formas por culpa del hiperconsumismo y de la hiperproducción", explica Cornella. Y Javier Elzo agrega: "Aquí todo el mundo piensa en hacer lo mismo que hací

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deje/pasar/crisis/sacar/provecho/el pepusoc/20091115elpepisoc_1/Tes

Reduccion de jornada y desempleo

El martes, la ministra de Economía aceptó estudiar la implantación en España del "modelo alemán" de lucha contra el desempleo. Pese a que la crisis ha azotado fuertemente a Alemania, sus cifras del paro han sido "suaves" hasta ahora. Entre los motivos de esta baja incidencia del desempleo suele invocarse las facilidades otorgadas por el sistema a las empresas en crisis que optan por la reducción de jornada en lugar del despido. De ahí que el Gobierno considere que "el modelo alemán" podría servir para reducir el "incesante" aumento del paro en España.

Pero ¿en qué consiste el modelo? Se basa en combinar la reducción de jornada con la percepción de prestaciones sociales. El trabajador acepta reducir temporalmente su jornada, entre la mitad y un tercio, comprometiéndose el Estado a pagarle un 60% del salario perdido, reduciéndose también las cotizaciones sociales.

Los expertos aseguran que es una medida excelente para épocas de crisis al permitir a las empresas reducir su actividad, sin destruir empleo. En Alemania se estima que el sistema ha podido "salvar" más de 400.000 puestos. Su aplicación en España supondría, además, una buena solución para las pequeñas empresas, donde resulta muy difícil plantear un expediente de reducción de la jornada de trabajo.

El problema es, como siempre, su coste; esas "prestaciones sociales" que debe aportar el Estado. Sus defensores argumentan, sin embargo, que el sistema supone un importante ahorro para el Estado, puesto que en lugar de pagar la totalidad de la prestación por despedido, sólo debe abonar una parte, corriendo el resto a cargo de la empresa a cambio de unas horas de trabajo, manteniéndose el vínculo laboral, que podría ser retomado en su totalidad una vez superada la crisis.

Esta semana los agentes sociales han decidido restablecer el diálogo social, tras aceptar los sindicatos una "eventual" reforma laboral. La posibilidad de fomentar "la reducción de jornada" podría convertirse en uno de los ejes de la negociación. Los sindicatos han defendido siempre su implantación, que parece contar también con el apoyo del Gobierno. La patronal, por su parte, se muestra dispuesta a estudiarla. Habrá que esperar acontecimientos, pero la aportación de soluciones nuevas es siempre bienvenida.

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Reduccion/jornada/de sempleo/elpepueconeg/20091115elpnegser_11/Tes

domingo, 8 de noviembre de 2009

El funcionariado sale caro

Cuatro millones de parados. El trabajo escasea. Y si es seguro, más todavía. Por eso no es de extrañar que aumente el número de jóvenes que quieren ser funcionarios de mayores. Pero, ¿saben realmente estos jóvenes, sabemos todos, el coste que tiene para cada españolito sostener la Administración? La EAE Business School lo ha cuantificado: casi 10.000 euros anuales. No sólo eso, ¿sabemos todos que el coste por empleado público supera en cerca de un 23% de media al del empleado privado? Y lo que es peor, que cuanto más abundante es el funcionariado en una población, menos riqueza genera ésta y menor nivel de vida tienen sus habitantes (ver cuadro adjunto).

Las cifras que maneja el centro de estudios de la Escuela de Administración de Empresas son concluyentes: el número de funcionarios ha crecido un 32% en España entre 2000 y 2008, mientras que en los 27 países de la Unión Europea ha disminuido un 1,4%. Y la masa salarial de los empleados públicos por habitante ha aumentado casi un 60% en nuestro país en esos ocho años, prácticamente el doble que en la UE, tal y como refleja el estudio elaborado a partir de los datos de Eurostat.

"El coste del empleo público en España es insostenible. Estamos en una situación económica que obliga a repensar el modelo. La sociedad debería forzar a las Administraciones a que acometiesen cambios lo antes posible", señala el profesor de Recursos Humanos de ESADE, Francisco Longo.

En esta línea, Elena Pisonero, socia responsable de infraestructuras, gobierno y sanidad de KPMG, afirma: "El empleo público está claramente sobredimensionado. Ha llegado el momento de revisar todas las partidas presupuestarias y decidir lo que nos podemos permitir. Por lo pronto, hace falta tomar medidas urgentes para controlar la eficiencia de la función pública a fin de que no se disparen los gastos e introducir mecanismos de colaboración público-privada para reconducir la situación".

Ése sería el primer paso, porque lo que hay que hacer es redimensionar la Administración, distribuir mejor el empleo, tal y como declara Mario V. González, autor del informe de la EAE, que coincide con Pisonero y Longo. Es decir, plantear una reforma estructural para que el gasto sea sostenible y no vulnerable a las crisis, como se ha demostrado ahora en la mayoría de los países.

Es un debate muy necesario que ya se está planteando en Reino Unido y Alemania, según la socia de KPMG. Porque, a su juicio, se pueden hacer esfuerzos de austeridad en el gasto público, pero llega un momento, con el déficit actual, en el que este esfuerzo no da para más. "Tenemos que dimensionar la estructura de gastos a los ingresos que percibimos para que sean sostenibles en el tiempo. Y hemos de hacerlo en los próximos dos o tres años", agrega.

La secretaria de Estado para la Función Pública del ministerio de la Presidencia, Carmen Gomis, señala que se está avanzando en este camino. De hecho, el pasado septiembre, el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos para impulsar la reforma de las Administraciones públicas. Un acuerdo en el que se dedica un apartado específico a la reorganización del empleo público y al redimensionamiento de las plantillas existentes, indica. Gomis no tiene claro si esta racionalización llevará a una reducción del número de funcionarios o no -sí en el caso de los que desempeñan labores burocráticas-, aunque está convencida de que servirá para mejorar los servicios que prestan las Administraciones y, por tanto, su eficacia.

"En los últimos años se ha incrementado mucho el empleo del sector público y también los servicios que ofrece al ciudadano, de lo que estoy muy contenta", dice. Y reconoce tanto que aún queda mucho por avanzar como que los pasos ya dados han proporcionado grandes mejoras. Cita entre ellas la gestión de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y descaca el hecho de que "cualquier persona que se jubila tarda tres días en cobrar su pensión".

Los datos que maneja la Secretaría de Estado sitúan el crecimiento de la plantilla pública en el 17,5% entre 2001 y 2009 y su aumento salarial en los últimos cinco años, por encima del 20%.

En España, el pago de las nóminas de los empleados públicos se lleva de media el 20% del presupuesto que maneja la Administración, porcentaje que se eleva al 30% en el caso de las comunidades autónomas, que son precisamente las que han disparado la masa salarial de los funcionarios, según la EAE. Entre 2000 y 2008, el crecimiento ha sido récord; de hecho, excede en casi cuatro veces el de la media europea, añade.

Para Longo, se trata de un empleo poco productivo y altamente pagado. No es como en el caso holandés, en el que los funcionarios son pocos y muy bien remunerados porque son técnicos muy cualificados. "Es hacia donde deberíamos ir en España, en vez de pagar por trabajos de poco valor añadido como si fueran cualificados".

Los expertos piensan que se deben poner en marcha medidas de movilidad, "reubicar a los funcionarios, porque no tiene sentido contratar a más personal cuando te sobra en otro lado", mantiene Pisonero. Justicia, sanidad y educación pueden ser las áreas en las que se necesita reforzar la plantilla, pero existen otras muy intensivas en empleo por las que no se obtiene eficiencia, coinciden las fuentes consultadas.

Carmen Gomis indica que se ha fijado septiembre de 2010 para empezar a tramitar la Ley de la Función Pública, que desarrollará el Estatuto Básico del Empleo Público, introduciendo la evaluación por desempeño de las plantillas, las nuevas carreras administrativas, los sistemas de retribución..., "cuestiones que son muy complejas, hay que negociar y, por tanto, llevan su tiempo".

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/funcionariado/sale/c aro/elpepueconeg/20091108elpnegser_1/Tes

Los inmigrantes 'desaparecen' de las bolsas de ofertas de empleo

Hasta la llegada de la crisis, cualquier despido podía subsanarse con la colocación como dependiente o en el sector de la restauración. En tiendas y bares abundaban los carteles sobre los escaparates en los que se informaba de la necesidad de mano de obra. Los anuncios se han esfumado.
Las bolsas de empleo, como la que gestiona el sindicato CSI-F, han experimentado una profunda transformación.
«Han caído hasta casi la desparición las llamadas de inmigrantes interesándose por posibles ofertas de trabajo, que ahora son, o de comerciales por cuenta propia o de asuntos muy específicos o técnicos», señalaron fuentes del CSI-F, que aseguran que los desempleados «están pidiendo ahora más cursos de materias prácticas, como Jardinería o Electricidad y no tantos de los clásicos de Inglés o Excel, que daban una formación general, pero que no ofrecían una salida laboral por sí mismos».
Según los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio de Trabajo, el pasado mes de octubre en la Comunitat se contabilizaban 73.562 extranjeros en paro, lo que supone un incremento respecto al mismo mes de 2008 de un 69%. El desempleo nacional en la Comunitat se incrementó en ese periodo un 44%. Respecto al número de afiliados en empresas valencianas, los cotizantes de origen español han descendido en torno al 8% a lo largo del último año, una tasa que es prácticamente la mitad que la registrada entre los afiliados extranjeros en la Comunitat.
Desde principios de la década actual, la oferta de empleo de baja cualificación comenzó a cubrirse de manera habitual con personas llegadas de otros países con intención de participar en la eclosión económica que se estaba viviendo en España.
Sectores como la hostelería, la construcción o la hostelería demandaban un perfil de trabajador que los ciudadanos españoles no atendían, principalmente por los horarios y los salarios ofrecidos. «Antes, esos puestos de trabajo los cubrían los inmigrantes por exceso de oferta. Sin embargo, ahora es distinto. Sin ir más lejos, para la recogida de la naranja no habíamanera de encontrar jornaleros españoles, y ahora se contrata a gente conocida. Incluso en el sector de la construcción han desaparecido. Se busca lo nacional, entre aquellos conocidos, que son muchos los que se han quedado sin trabajo», explica un responsable de gestionar la bolsa de trabajo del CSI-F.
Las ofertas de empleo se han racionado como el pan de los pobres. «Desde que se inició la crisis, ha descendido la posibilidad de emplearse tanto en el número de ofertas como en su variedad. Los perfiles de los puestos de trabajo son distintos», señalan las mismas fuentes, que indica que, si antes era el trabajador en paro el que tenía cierta capacidad de elección, las tornas han cambiado mucho. «Nos llegan sobre todo ofertas de comerciales a los que se les exigen contratos de autónomos, lo que permite a la empresa no arriesgar. Se trata de trabajos para el cobro de morosos y la venta de seguros», explican desde el sindicato.
El descenso de los posibles trabajos va en consonancia con la caída del consumo. El ahorro impera y alcanza cuotas de incremento cercanas al 40%, y si nadie compra es difícil que se necesiten dependientes que atiendan clientes, o personas que fabriquen productos de manera masiva. Todo se hace hilando muy fino.
«A la bolsa llegan ofertas de empleo muy específicas, como son médicos especialistas para empresas o incluso profesores de guitarra. Antes se registraban más peticiones de dependientes, camareros, pero eso ya no se ve. De hecho, antes, cuando se visitaban empresas, había una serie de demandas de empleo que ahora han desaparecido», explican desde el sindicato.
Para encontrar trabajo se recurre a los círculos de amigos, a los conocidos y familiares, que son también los que sostienen a aquellos miembros de su entorno social que han quedado más desprotegidos económicamente hablando. Ese apoyo en el entorno es, precisamente, algo con lo que los inmigrantes no cuentan, al estar en situación de desarraigo.
«Una técnica que está empleando la gente que busca empleo es apuntarse a asociaciones de diverso tipo, aparte del sindicato, para conob cer a otra gente y, de paso que hace amistades, tratar de encontrar salidas laborales», señalaron desde el CSI-F.
Los cursos de formación tienen cada vez más demanda. Entre los servicios que ofrece el sindicato CSI·F está al programa de Orientación Profesional Para el Empleo y el Autoempleo, OPEA. Este servicio, que dura nueve meses y por el que pasan unos 700 usuarios, ayuda a mejorar aspectos que puedan suponerles mayores posibilidades a la hora de encontrar un trabajo.
Se imparte, por ejemplo, un taller de técnicas de entrevista para facilitar trucos y consejos a los desempleados para afrontar con éxito las temidas entrevistas de trabajo. Una de las prácticas más utilizadas en estos talleres es la del 'roleplaying' grabado en vídeo. Esto consiste en simular una entrevista que se graba en vídeo para detectar posturas incorrectas, 'muletillas' expresivas, 'tics' nerviosos. etc. «Es más fácil hacer correcciones y el aspirante puede observar sus errores», señalan desde el CSI-F, que indica que las ventajas de este método han hecho del roleplaying una práctica muy habitual en estos talleres ya que ayuda a los desempleados a controlar sus nervios y dar una imagen más sosegada.

Publicado en: http://www.lasprovincias.es/valencia/20091108/euros/inmigrantes-desaparecen -bolsas-ofertas-20091108.html

lunes, 2 de noviembre de 2009

¿Una generación sin pensiones?

A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.

En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.

En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.

Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.

"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.

No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.

La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.

"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.

Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.

Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.

Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.

El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.

Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).

El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.

Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.

Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente.

Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/generacion/pensiones/elpepusoc/2009 1102elpepisoc_1/Tes

¿Dónde están los parados que faltan?

La contabilidad creativa que mide las cifras de desempleados no sólo implica una manipulación interesada que trata de maquillar la consecuencia más drámatica de la crisis. Además, desconocer la magnitud real de un problema no es la mejor manera de poner los medios para resolverlo.

El baile de cifras tiene su origen en los objetivos y metodologías propios de cada sistema de medición: la Encuesta de Población Activa (EPA) mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en el antiguo Inem, aunque excluye a ciertos colectivos demandantes –los Denos, demandantes de empleo no ocupados–, una engañosa criba que abre un abismo entre una y otra medición.

Como Expansión & Empleo hacía notar este fin de semana, el colectivo de Denos y otros colectivos de parados cuya casuística también les exluye de las listas alcanza a 714.478 personas que, sumadas a los 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE, dan como resultado una bolsa de 4.423.925 parados, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA. Y aunque los autónomos no suelen acudir a los servicios públicos de empleo –este colectivo no tiene actualmente derecho a una prestación por cese de actividad–, lo cierto es que a finales de 2009 podrían ser 200.000 los que se hayan quedado en paro este año. Sin olvidar el efecto desánimo, que hace que cada vez más personas abandonen la búsqueda de empleo.

Bien o mal contadas, estas cifras de paro deberían llevar a un nivel de conflictividad social nunca visto, que si algo lo contiene, además de la laxitud sindical, es el hecho de que un cuarto de la fuerza laboral española vive de la economía sumergida. De los polvos de este mercado sumergido vienen los lodos de la imposibilidad de liberalizar la contratación, la creación de empresas o la adecuación de los empleos a las especificidades de cada trabajador. El hecho es que el volumen de paro en España parece tener mejor acomodo en una tasa del 19,3%, según las mediciones Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, que también nos sitúa como líderes en paro de larga duración. Una lacra estructural que resulta de la rigidez regulatoria del mercado laboral.

Publicado en: http://www.expansion.com/2009/11/01/opinion/1257106035.html
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