La crisis devuelve a la FP su dignidad

Francia y Reino Unido llevaron a cabo hace 30 años los primeros intentos en Europa para acreditar oficialmente lo que sabían hacer sus trabajadores gracias a su experiencia laboral. En España, aunque varias comunidades se han adelantado al Gobierno, algunas de forma experimental y cada una a su manera, el decreto que regule eso mismo en toda España llegará en 2009, después de una génesis normativa que se remonta a 1993. Si se echa un vistazo a la hemeroteca, da la impresión de que la formación profesional (FP) es eso que siempre está pendiente de ser dignificado y que sólo cobra importancia pública cuando llegan las vacas flacas económicas. Como ahora.

Así que esa acreditación de la experiencia profesional de la que se empezó a hablar en España a principios de los noventa, vuelve a ocupar puestos importantes en la agenda política. Y junto a ello, el anuncio de un plan para modernizar la FP y para coordinar y vincular de una vez la FP reglada (la de los institutos de secundaria, que conduce a un título educativo) y la formación continua y ocupacional (los cursos que dan un certificado profesional expedido por Trabajo). Será un plan que conecte los dos sistemas con un tronco común (es decir, que se parezca lo que se enseña por una vía y por otra), y permita a estudiantes y trabajadores saltar de uno a otro, sumando siempre, algo que también está en los papeles oficiales desde 1993.

Ante estos precedentes, que pasaron a través de Gobiernos del PSOE y del PP, cabría expresar poco más que desaliento, de no ser porque, por primera vez, los ministros de Educación, Mercedes Cabrera, y de Trabajo, Celestino Corbacho, están juntos presentando una hoja de ruta para la formación. ¿Por qué es tan importante que se hagan fotografías juntos? Porque el culpable más repetido de ese atasco durante tantos años es la falta de un trabajo conjunto de ambas carteras, que se han resistido a ver trastocadas sus cuotas de poder. Si los educadores no se fiaban de la formación que dan empresas y sindicatos, éstos se reían de la desconexión entre lo que se enseña en la FP educativa y lo que hace falta saber para desarrollar un oficio. Algunos sindicalistas también hacen autocrítica, y dicen que la oferta de formación para el trabajo sigue esquemas de hace 15 años. El caso es que ha habido recelos, desconfianza y estructuras difíciles de mover.

Pero ahora están juntos, y Trabajo, Educación, empresarios y sindicatos parecen ilusionados. Aunque lo que queda tampoco será fácil. Por ejemplo, ese decreto de reconocimiento de la experiencia profesional, cuyo primer borrador data de mayo de 2006, implica que la Administración se desprenda, al menos en parte, del monopolio absoluto en la enseñanza y la formación. No se trata, en ningún caso, de que alguien consiga sin más un título de FP o un certificado de profesionalidad, sino de reconocer oficialmente lo que se ha aprendido a hacer trabajando, que coincidirá efectivamente con una parte, más grande o más pequeña, de lo que se aprende a hacer cursando uno de esos títulos. Así, en cualquier caso, el trabajador tendrá que estudiar para completar el diploma.

Para el profesor de la Complutense Francisco de Asís Blas, no se deberían enfocar esos reconocimientos oficiales sólo como un medio para conseguir un título. "¿A un trabajador de 30, 35, 40 o 45 años conseguir un título de FP o un certificado de profesionalidad es lo que más le interesa? Sinceramente, yo creo que no; creo que lo que le interesa es que se le valide o acredite la cualificación profesional que ha adquirido mediante su experiencia, no sólo para que se le reconozca a efectos salariales, sino también -y esto no es irrelevante- para que se sienta motivado a incrementar su cualificación, realizando programas de formación continua". Además, los empresarios tendrían que reconocer en los convenios esas acreditaciones, algo que también dificulta el cambio en la parte patronal, explica el profesor de la Universidad de Barcelona Rafael Merino.

En cualquier caso, las cifras en la media docena de comunidades que ya aplican sistemas parecidos son modestas. En el País Vasco sólo se han apuntado 2.180 trabajadores entre 2004 y 2007, de los que sólo se acreditaron 1.424. En Cataluña, se han acreditado 2.447 desde 2003 y en Galicia se han presentado unos 600 a tres convocatorias. Aunque multiplicáramos por 17 comunidades las cifras más altas, las de Cataluña, el resultado (saldrían unos 14.000 al año) quedaría incluso ridículo frente a los 13 millones de trabajadores españoles que no cuentan con ningún tipo de cualificación profesional oficial y que han sido señalados como objetivo por los responsables ministeriales. Incluso si nos basamos en la previsión del Gobierno para las primeras convocatorias (ya con la normativa estatal), a partir de 2009 serían unos 80.000, vinculados sobre todo a sectores emergentes como la educación infantil o la Ley de Dependencia.

Así, con prevenciones sobre euforias, sí puede servir este proceso, en el contexto actual de crisis y pérdida de empleo, para que ese enorme grupo de jóvenes que dejaron de estudiar después de la ESO (un 31%), se anime a retomar su formación en FP si tiene el incentivo de ver convalidada una parte del título. Al menos eso es lo que espera el Gobierno, cuyo objetivo es atraer esta legislatura a 200.000 alumnos más a la FP de grado medio (al escalón siguiente, la de grado superior, se accede desde el bachillerato) para atenuar uno de los puntos más negros del sistema educativo, y que dibuja una pirámide deforme en la que los grupos más numerosos de la población activa son los que no tienen ningún título profesional (60%) y los que tienen el máximo, que da la universidad (12%).

Las convalidaciones, los puentes entre las distintas formaciones (de la enseñanza básica a la FP, de ahí a la universidad, de cualquiera de ellos a las acreditaciones que da Trabajo...), son fundamentales en la estrategia del Gobierno, cuenta la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia. Y en el centro de esa estrategia están los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), de los que se quieren ofrecer 80.000 plazas en 2010.

Estos programas son la revisión de la antigua garantía social que consistía en recoger a los chavales que ya se habían dado por perdidos en el sistema educativo para tratar de que salieran al mercado con, al menos, los rudimentos de un oficio. Desde este año, los PCPI darán un certificado de profesionalidad de nivel 1, el más bajo, pero un papel al fin y al cabo, de los que concede el Ministerio de Trabajo. Además, estudiando unos módulos opcionales, podrán sacarse también el título de ESO, aunque quizá lo más importante es que sin ellos también podrán seguir estudiando en la FP de grado medio -ahora mismo se está estudiando el procedimiento para facilitar ese paso-.

Estos chavales -ya hay 48.000 alumnos de PCPI este curso- son los que estrenan además la otra pata de toda esta reforma, el sistema nacional de las cualificaciones, es decir, ese tronco común para que lo que se estudie en formación profesional a través de Educación o de Trabajo esté basado en lo mismo. El sistema consiste en describir lo que debe saber hacer, por ejemplo, un electricista, un hostelero. Cada una de las cualificaciones se divide a su vez en tareas más pequeñas (las unidades de competencia) que es lo que se evalúa en las acreditaciones y lo que se debe enseñar en cada asignatura de la FP y en cada certificado de profesionalidad.

En eso consiste el cambio, en tener un esqueleto común que permita saltar de uno a otro y anime a seguir formándose (como decía De Asís Blas, es probable que los jóvenes elijan la vía educativa y los mayores la formación continua) donde más le convenga al estudiante o al trabajador.

Ya se han definido unas 600 cualificaciones y ahora falta otro centenar, explica Francisca Arbizu, recientemente destituida como directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones. Pero el número que hay, hecho en colaboración con sindicatos y empresas, es suficiente para echar a rodar, aseguraba Arbizu.

Ahora lo que hay que hacer es que empiecen a funcionar los títulos de FP basados en esas cualificaciones, algunos de los cuales ya están aprobados (aunque hay quien se queja de que no están bien hechos y que todavía se ponen trabas, por descuido o interesadamente, a una convalidación clara con el resto del sistema). También se tiene que reordenar y dar contenido a la oferta de formación ocupacional. "Tenemos una oferta hecha con parámetros de hace 15 años", dice Teresa Muñoz, de UGT. Pero, sobre todo, la formación continua: entre los cursos de la oferta estatal de 2006, un tercio eran de informática básica (Word, Excel...), otro 9,2% de prevención de riesgos laborales y un 8,7% de idiomas. Cosas que están muy bien, pero que apenas aportan un verdadero engorde formativo de los trabajadores en su campo.

Pero hará falta dinero para todo esto. Y en tiempos de crisis... "Yo creo que aprovechando bien los recursos que hay ahora mismo se puede hacer; por lo menos, empezar", asegura Teresa Muñoz. Se refiere a que todo el sistema de formación para el trabajo lo mantienen con impuestos específicos a trabajadores y empresarios y en 2009 habrá 2.287 millones de euros. En el otro costado, el presupuesto del Ministerio de Educación para FP crecerá en 2009 hasta los 40 millones de euros -hace poco se repartieron seis entre las comunidades para la promoción de la FP-, pero la mayor parte se lo comerán las nuevas becas para que chavales sin estudios retomen su formación trabajando media jornada. Además, la mayor parte del gasto en esta parte educativa corresponde a las comunidades autónomas y ese dinero no está segregado del que se destina para toda la educación secundaria.


Publicado en: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crisis/devuelve/FP/dignidad/elpepis oc/20090106elpepisoc_1/Tes