Prolongar la vida laboral será ventajoso para los empresarios y para el cálculo de la pensión

Somos una referencia mundial en la protección social a las personas mayores». Ésa es la idea que el ministro español de políticas sociales desarrollará en León ante el plenario de la conferencia. Defiende la fortaleza del sistema de pensiones y avanza que el año se cerrará con un récord histórico en el Fondo de Reserva. Trabajar más allá de los 65 años, dice, será incentivado desde el Gobierno.
Marco Romero león

Es la primera vez que concede una entrevista en exclusiva a este periódico y lo hace con motivo de la Conferencia sobre Envejecimiento que se desarrollará en León desde el martes hasta el próximo jueves. La candidatura leonesa fue promovida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hace más de un año. Desde entonces, el gabinete del ministro Jesús Caldera no ha dejado de hacer gestiones para, en primer lugar, defender ante Naciones Unidas a León como sede de esta conferencia y, una vez conseguida, organizar unos preparativos cuyos resultados se comprobarán a partir de mañana con el foro internacional de ONGs que precede a la conferencia ministerial.

En esta entrevista, Caldera realiza un amplio análisis de la legislatura en políticas sociales y, principalmente, en las orientadas hacia las personas mayores. Recuerda que su Gobierno ha incrementado las pensiones mínimas entre un 26% y un 33% desde el año 2004. Avanza los primeros datos de afiliación relacionados con la ley de dependencia, uno de los proyectos más destacados de su ministerio, y garantiza que dentro de ocho años, el cuidado de las personas dependientes se habrá convertido en un nuevo yacimiento de empleo, con más de 300.000 trabajadores. Todos los nuevos derechos conseguidos por el Gobierno socialista, asegura, «están garantizados».

-¿Qué supone la celebración en León de la Conferencia de la ONU sobre Envejecimiento?

-Es una gran satisfacción que España acoja un foro de este estilo y que, además, hayamos conseguido que se celebre en León. La última vez que se celebró esta conferencia fue en Berlín. Creo que es muy importante que León forme parte de la agenda de actividades de la ONU en la reflexión y el estudio de un tema como el del envejecimiento, y espero que los países europeos y norteamericanos que participamos en la conferencia demos un impulso definitivo al Plan de Acción de Personas Mayores de la ONU.

-¿Qué va a aportar España a esta conferencia?

-España es una referencia mundial en la protección social a las personas mayores y en esta legislatura hemos dado un gran impulso a estas políticas. Por ello, en mi intervención ante el plenario del próximo miércoles expondré la fortaleza de nuestra Seguridad Social, la subida de las pensiones (desde 2004, hemos incrementado las mínimas entre un 26% y un 33%), la puesta en marcha de la ley de dependencia o los programas de envejecimiento activo, como los viajes del Imserso, cuyas plazas hemos duplicado esta legislatura.

-En muy pocas palabras, ¿cómo podría explicarle a un potencial beneficiario lo que es la ley de dependencia?

-La ley de dependencia garantiza a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas el acceso a los servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio, plaza en un centro de día o residencial) o prestaciones económicas que necesite. Hasta ahora, estas personas eran atendidas «si se podía» o «si había servicios» y existían muchas desigualdades entre territorios. Con la ley, la atención a mayores y personas con discapacidad es un derecho universal, igual para todos los españoles, como la sanidad o las pensiones, y una obligación para los poderes públicos.

-De esta ley nace un nuevo derecho social, que es la obligación del Estado de atender a las personas que no se pueden valer por sí mismas. ¿Cuáles son sus aplicaciones concretas?

-Los ciudadanos deben solicitar una valoración en los servicios sociales de su comunidad autónoma, que es la administración competente en esta materia, para determinar su grado y nivel de dependencia. En caso de que sean grandes dependientes, hablamos de los casos más graves, tienen ya garantizada la atención este año y recibirán los servicios sociales (ayuda a domicilio, centro de día o plaza residencial) o las prestaciones económicas (para un cuidador familiar, por ejemplo) que necesiten. El próximo año tendrán reconocido el derecho los dependientes severos.

-¿Cuánto se destinará el próximo año a cubrir el coste económico de la ley y cuántos beneficiarios habrá definitivamente?

-El Gobierno destinará el próximo año cerca de 900 millones de euros para la ley de dependencia, un 118% más que este año y un 25% más de lo que establecía la memoria económica de la propia ley para 2008. Así, en toda la legislatura el Gobierno habrá destinado más de 1.520 millones para dependencia mientras que con el Gobierno anterior no había partidas estatales para esta materia. La financiación de la ley de dependencia está garantizada.

En cuanto a los beneficiarios, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un derecho universal, por lo que todos los españoles y, por supuesto, todos los leoneses que no se puedan valer por sí mismos serán atendidos, porque así lo establece la ley.

-¿Por qué es imprescindible que pague el usuario?

-Todas las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, utilizan la coparticipación de los beneficiarios para financiar sus servicios sociales. Además, el Consejo Territorial de la Dependencia acordó el pasado mes de mayo que fueran las comunidades autónomas las que continuaran estableciendo el copago. En cualquier caso, las personas pagarán en función de su renta y, si no tienen recursos, no pagarán nada.

-Desde el Gobierno de Castilla y León se dice que el ministerio «no desarrolla la norma», que esta situación «crea desigualdades» y que, de momento, quienes se van a hacer cargo de la atención real son las familias y las comunidades autónomas. ¿Esta falta de consenso político puede bloquear el desarrollo de la ley en esta autonomía?

-Por supuesto que no. El Gobierno ya ha completado todo el desarrollo reglamentario de la ley. Así, hemos aprobado el baremo, la financiación y los servicios y prestaciones. Ahora es el turno de las comunidades autónomas, que ya están valorando a los ciudadanos y reconociendo los servicios y prestaciones a los que tienen derecho. En este sentido, quiero recordar que la ley está en vigor y el derecho universal ampara a los ciudadanos, que deben reclamarlo si se producen demoras. Con la ley de dependencia, ninguna comunidad autónoma puede negarse a atender a los ciudadanos que no se pueden valerse por sí mismos.

-¿Cuáles son los retos empresariales de esta ley? ¿Florecerá la creación de un nuevo sector profesional?

-La ley de dependencia es también un importante yacimiento de empleo, sobre todo para sectores de difícil empleabilidad, como los jóvenes o las mujeres de más de 50 años de edad. Según los expertos, en el año 2015 se habrán creado unos 300.000 empleos vinculados a la ley. Esta situación ya se está empezando a notar. Le doy un dato más: este año, primero de aplicación de la ley, la afiliación a la Seguridad Social en el régimen sociosanitario ha crecido más del 20%.

En cuanto al sector privado, se ve beneficiado por la concertación de los servicios que realizan las comunidades autónomas para garantizar la atención a los ciudadanos.

-Se ha dicho que la ley aportará un servicio universal, pero lo cierto es que los residentes extranjeros no van a poder acceder. ¿Cambiará en el futuro este criterio?

-La ley ampara a todos los ciudadanos españoles y establece los criterios de acceso para los residentes extranjeros, de acuerdo con la ley tendrán el mismo trato que los españoles. En el caso de los ciudadanos europeos recibirán atención pero tendrá que ser financiada por sus respectivos países. Es un tratamiento justo y solidario, por lo que no hay ninguna previsión de modificar esta cuestión.

-¿Cuál es el déficit asistencial para personas dependientes? Sigue fijado en el 1% del PIB en el 2015?

-Nuestra intención es que España llegue a destinar más del 1% del PIB en la atención a personas dependientes en 2015. Por ello, y sólo en esta legislatura, el Gobierno central ha destinado más de 1.520 millones de euros nuevos en dependencia.

-¿Qué aventura para la ley si en marzo se produce un cambio de Gobierno?

-Esto es un derecho universal para todos los españoles que está garantizado, por lo que no hay vuelta atrás bajo ninguna circunstancia. En cualquier caso, el próximo Gobierno también lo presidirá un leonés: José Luis Rodríguez Zapatero.

-¿El previsible envejecimiento de la población es una amenaza para el sistema de la Seguridad Social?

-Es un reto para el que nos estamos preparando. De todos modos, la economía española y la Seguridad Social nunca han estado en mejor situación. De hecho, nunca habían subido tanto las pensiones ni se habían aportado tantos recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en una sola legislatura.

-¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para corregir los desequilibrios entre lo cotizado y la pensión?

-Esta es una cuestión que hemos abordado con los sindicatos y empresarios en la reforma de la Seguridad Social, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

-¿Como acabará el Fondo de la Seguridad Social este año?

-El Fondo de Reserva llegará este año a más de 45.000 millones de euros, la mayor cifra de la Historia, lo que supone que lo hemos incrementado en esta legislatura más de un 200%, ya que en 2004 sólo contaba con 15.000 millones.

http://www.diariodeleon.es/inicio/noticia.jsp?CAT=113&TEXTO=6288538