sábado, 25 de noviembre de 2006

La Ley de atención a las Dependencias favorecerá a 60.000 personas en Canarias

Tenerife/ El vicesecretario general del PSOE, José Manuel Corrales, afirma que la aprobación de la Ley de Atención a las Personas Dependientes es una de las medidas "con mayor impacto social" de las ultimas legislaturas en España y su objetivo es dar la máxima autonomía a los ciudadanos que por cualquier circunstancia se encuentran en situación de dependencia dotando a este colectivo de los mismos derechos que disfrutan el resto de ciudadanos, y permitiendo también a las familias que los atienden, recuperar la posibilidad de llevar una vida mejor.

Esta ley que ha contando con un amplio consenso social y parlamentario (incluido el PP) abarca la atención de las personas mayores, discapacitadas, enfermos crónicos o con demencias seniles, es decir, "las que no se pueden valer por ellas mismas y necesitan permanentemente a una persona para hacer las actividades cotidianas de la vida diaria", que en España son aproximadamente 1.300.000 y en Canarias más de 60.000 personas. Aproximadamente el 80 por ciento de estas personas dependientes son cuidadas por familiares, la mayoría mujeres, que no pueden trabajar fuera de casa porque la tarea les lleva 10 horas diarias y tan solo en un 6,5 por ciento cuentan con el apoyo de los servicios sociales

El vicesecretario general del PSOE José Manuel Corrales señala que el Sistema de atención a las personas en situación de dependencia crea un nuevo derecho, de carácter subjetivo, a través de la elaboración de una Ley Básica estatal, utilizando la misma fórmula que se empleó para la Ley General de Sanidad, y creando un Sistema Nacional de Dependencia con los mismos criterios de acceso y las mismas prestaciones para todos los ciudadanos. Estaríamos por tanto ante la posibilidad de impulsar un gran yacimiento de empleo cualificado (300.000 nuevos empleos en España y cerca de 15.000 en el archipiélago) y de dinamización de la inversión pública y privada. El futuro Sistema Nacional de Dependencia se configura como el cuarto pilar del Estado de Bienestar junto a la Sanidad, la Seguridad Social y la Educación.

El sistema estará integrado “por prestaciones y servicios de prevención” que se ofertarán a través de la iniciativa pública y la privada concertada, con la cooperación de todas las Administraciones Públicas. Las prestaciones serán fundamentalmente de servicios y sólo excepcionalmente económicas. El catálogo de servicios responderá a dos modalidades: los Servicios para la promoción de la autonomía personal (la prevención, la teleasistencia, las ayudas técnicas para la autonomía personal, las ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar y la asistencia personalizada); y los Servicios de atención y cuidado, que comprende el Servicio de ayuda a domicilio, el Servicio de atención en Centros de Día y de Noche y el Servicio de atención en centro residencial.

La nueva legislación permite que la persona en situación de dependencia pueda ser atendida en su ámbito familiar por servicios privados, recibiendo una compensación económica por ello, variable en función del grado de dependencia. Igualmente se prevé la incorporación de los cuidadores familiares al régimen de la Seguridad Social que se determine y el derecho a percibir una compensación económica.

José Manuel Corrales afirma que el nuevo Sistema Nacional de Dependencia se basará en el "carácter universal y público de las prestaciones"; el acceso a las mismas en condiciones de "igualdad y no discriminación"; la "equidad" en la distribución territorial de los recursos; la promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida "con el mayor grado de autonomía posible" y la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, "en el entorno en el que desarrollan su vida".

El sistema estará financiado al menos en un 50 por ciento por el Estado (comprometiéndose en la financiación la comunidad autónoma) y se implantará de manera progresiva entre los años 2007 hasta 2015. En 2007, se prevé que la asistencia ya alcance a los “más necesitados”, los afectados por la gran dependencia –los que necesitan “ayuda para varias actividades básicas varias veces día y la presencia indispensable y continua de otra persona”. Al año siguiente, se extenderá a los afectados por “dependencia severa”, los que “necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas dos o tres veces al día”, y, progresivamente en años siguientes, a los afectados de “dependencia moderada”.

El PSOE afirma que existe un compromiso del gobierno socialista de que aportará 12.638 millones de euros desde 2007 hasta 2015 en toda España para consolidar el nuevo Sistema Nacional de Dependencia y el 1 de enero de 2007 estará ya vigente En el 2007, el Estado aportará como mínimo 400 millones de euros, de los cuales aproximadamente 20 millones se aportaran en el archipiélago canario. Esta cantidad se iría incrementando progresivamente cada año.

El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y no se baraja incrementar los impuestos, ya que el crecimiento de la economía española permite abordar el nuevo sistema. Canarias recibirá en los próximos años más de 600 millones de euros para la cobertura de este servicio de atención a las dependencias.

Fuente: http://www.canarias24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16396&Itemid=28

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